El
Gobierno actúa contra el desahucio
El
decreto ley aprobado el pasado nueve de marzo contempla medidas como la dación
en pago o la moratoria en los pagos hipotecarios
Santiago de Compostela |
Paula Rodríguez
Después
del anuncio de varias propuestas relacionadas con la flexibilización de los
desahucios, el Consejo de Ministros aprobó el pasado nueve de marzo un decreto ley orientado a disminuir las secuelas
sociales de los mismos. En él se incluyen medidas ya defendidas con
anterioridad por el ministro de Economía, Luis de Guindos, tales como la dación
en pago no obligatoria, así como otras de carácter más novedoso.
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Miembros
de la plataforma “Stop desahucios” protestando en
Santiago de Compostela.
Foto:
Paula Rodríguez López
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El colectivo al que está dirigido el texto son aquellos
ciudadanos que se encuentren en riesgo de exclusión, es decir, familias con
todos sus miembros en paro que carezcan de otra fuente de ingresos y cuya
hipoteca afecte a la primera y única vivienda. Además, deben cumplirse otras
condiciones para evitar el desahucio por impago, como que la cuota hipotecaria supere
el 60% de los ingresos netos de la familia y que la cuantía de la hipoteca se
sitúe entre los 120.000 y los 200.000 euros atendiendo al tamaño del municipio.
En caso de que el titular de la vivienda supere los 65 años de edad o tenga una
discapacidad se considera “agravado” el riesgo de exclusión. Lo mismo sucede si
tiene menores a su cargo, hijos con un grado de minusvalía igual o superior al
33% o ascendientes con más de 65 años. Las hipotecas con avales, así como todas
aquellas que no cumplan las condiciones anteriores, quedan excluidas de la
norma.
El
decreto, que no tendrá efectos retroactivos, incluye un “Código de buenas
prácticas” en el cual se contemplan medidas como la dación en pago – es decir,
la cancelación total de la deuda con la entrega de la vivienda por
consentimiento del acreedor y deudor- o la posibilidad de evitar el desalojo
mediante el pago de un alquiler a la entidad. El código es de carácter
voluntario y supone un compromiso de al menos dos años para aquellos bancos y
cajas que lo firmen. El Gobierno confía en que las entidades financieras le den
una buena acogida a pesar de su carácter
no obligatorio tal y como ya han hecho el Banco Santander y CatalunyaCaixa, los
primeros en confirmar su adhesión al código.
Desde
el colectivo Stop Desahucios Compostela
consideran que el decreto es un “lavado de cara que está haciendo el Gobierno para que parezca que se preocupa por el tema de los desahucios”. Según
Yago, uno de los miembros – que no ha querido facilitar sus apellidos-, “se
trata de una recomendación que no una ley, con lo cual los bancos no están
obligados a aceptar la dación en pago”. Desde la plataforma advierten que la
norma esconde intenciones populistas y exigen la suspensión temporal de la
hipoteca a las familias en paro o con escasos recursos, la dación en pago y la
conversión del parque de viviendas hipotecadas de primera residencia en parque
público de alquiler social. Cifran en cinco los desahucios al día en Galicia y
critican que haya más de un millón de viviendas vacías en el territorio
español.
Por
su parte, el abogado especializado en derecho urbanístico y consultoría
jurídica en el ejercicio del Colegio de Madrid, Jorge Sánchez de Castro, considera que “la dación en pago tal y
como pretende implantarla el Gobierno es pura propaganda electoral y una
estrategia de imagen para la banca. En primer lugar, porque es voluntaria, no
obliga a nadie. En segundo lugar y principalmente, porque la sugerencia que
hace el Gobierno para que las entidades financieras utilicen esta fórmula
afecta sólo a los deudores que son pobres de solemnidad. Pero para estos
colectivos no hace falta que el Gobierno recomiende nada, pues los propios
bancos la están utilizando porque es su mejor opción. Por ello, desde mi punto
de vista es una auténtica estafa política, pues va a ocurrir lo que viene ocurriendo
hasta ahora: los bancos firmarán daciones en pago cuando sepan que el deudor
(empresa o particular) no puede pagar otra cosa que no sea su casa. Con lo cual
la dación en pago es la opción más económica y más rápida para adjudicarse el
inmueble, que será lo único que recuperarán.”
Sánchez
de Castro considera además que “el asunto de la dación en pago es una
estrategia del Gobierno y la banca para justificar las ayudas públicas que ésta
última está recibiendo. El fraude es absoluto, sin parangón, pues las entidades
no están siendo obligadas a nada que no estén haciendo voluntariamente desde
hace años.”
La
vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó en rueda de prensa las bases del código y los
mecanismos que pueden emplear los hipotecados en problemas, que van desde la
reestructuración de la deuda (impago hipotecario durante cuatro años,
ampliación del plazo de vida del préstamos hasta 40 años y abaratamiento del
crédito) a la quita de una parte de la deuda y, en último recurso, la dación en
pago.
El
decreto contra el desahucio llega cuando son ya más de 300.000 las ejecuciones
hipotecarias registradas en nuestro país desde el comienzo de la crisis.
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