viernes, 30 de marzo de 2012

La primera sentencia de España contra la SGAE abre las puertas hacia la eliminación del canon digital

26/03/2012
Santiago | Alicia Araújo


La empresa Padawan, demandada por la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) por no pagar el canon al comercializar con dispositivos de almacenamiento electrónico, no tendrá que abonar la cantidad exigida por la sociedad. Así lo ha dictado la Audiencia de Barcelona, declarando a Padawan exenta de cualquier pago por ser empresa. Del mismo modo, condenó a SGAE a sufragar los costes del proceso
judicial.

En la demanda, la SGAE pedía que Padawan fuese sancionada con el pago de 16.759,25 euros, a causa de la venta de dispositivos entre septiembre de 2002 y septiembre de 2004, según se establece en la sentencia. Ante las dudas, la Audiencia barcelonesa interpeló al Tribunal de Justicia de la Unión Europea a cerca de la legalidad del canon español. Como respuesta, la abogada general del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TUE), se declaró en contra del canon aplicado a todos los dispositivos de reproducción digital (vigente en España), acusándolo de indiscriminado e injustificado. El método usado por la SGAE no permitía la diferenciación entre los aparatos vendidos a particulares y los vendidos a empresas. Consecuentemente, la Unión Europea determinó el canon digital español oficialmente ilegal y reclamó al Gobierno una modificación de este canon, del que deberían de excluirse, al menos, a empresas y autónomos.

Tras esta actuación, la Audiencia asegura en su sentencia que el canon no puede ser aplicado a un empresario o profesional, como es el caso de Padawan, ya que resultaría imposible estimar qué parte de ese material se destinaba a uso doméstico. Además, la empresa demandada, ha demostrado que vendió material a empresas, instituciones y profesionales, por lo que no se podría reprochar el pago del canon. A pesar de todo, la SGAE, rechazó devolver el dinero del canon argumentando que la sentencia no tiene carácter retroactivo.

Enrique Romero, Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y gran conocedor del tema, puntualizaba que “hacer pagar a un país casi 200 millones de euros anuales por una tarifa injusta e ilegal sin que los responsables rindan cuentas, es algo inadmisible. Esta sentencia debería de derivar en unas consecuencias políticas definidas”.

La espera ha terminado

Con la llegada del 2012 llegó también la eliminación del canon digital por copia privada, a la vez que la aprobación de la Ley Sinde.

Cierto es que el canon tenía los días contados tras ser declarado ilegal por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la supresión del mismo por parte de la Audiencia Nacional tras el caso Padawan. Asimismo, el Gobierno del Partido Popular procedió a su eliminación. Eliminación recibida con mucho entusiasmo por plataformas como todoscontraelcanon.es o la Asociación de Internautas.

Respecto a lo anunciado por el Gobierno, sobre la modificación de la regulación de la compensación equitativa por copia privada, haciendo que ésta sea abonada a los autores a través de los Presupuestos Generales, Amparo Usó, defensora del internauta de la Asociación de Internautas, comenta que “nos parece muy bien que haya habido un cambio, porque estamos hartos de denunciar lo injusto, arbitrario y abusivo del sistema que se ha venido imponiendo por las sociedades gestoras de derechos de autor. Pero no podemos dejar de preguntarnos cómo se va a resolver la devolución de lo que se ha cobrado hasta ahora sin ser compensación equitativa". Desde la plataforma, aseguran que para que esta determinación sea ecuánime, es necesario el efecto retroactivo y piden que se devuelva el dinero recaudado con el canon.

Por otro lado, la aprobación de la ley anti-descargas, o Ley Sinde, ha sido mucho más discutida. Desde la SGAE, respaldan su aplicación en el intento de amparo de los derechos de los propietarios y creadores. Para ello se ha creado una Comisión de Propiedad Intelectual, por un lado encargada de la mediación y arbitraje y por otro, de las decisiones acerca de la eliminación de contenidos o incluso el cierre de páginas web que vulneren los derechos de autor.

El acogimiento de esta normativa, principalmente por parte de los usuarios, no fue demasiado favorable. La Ley Sinde llegó a monopolizar la temática de las redes sociales, llegando a crearse movimientos en contra de la misma al considerar que pasaba por encima de derechos fundamentales.

Primera fotografía: Libre de derechos de autor.
Segunda fotografía: Obra y concesión por Daniel Fernández Cuíñas.

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