Noticia jurídica 2

La inmobiliaria Nyesa declarada en concurso voluntario de acreedores

-         Nyesa Valores Corporación S.A y sus sociedades presentan un pasivo global de 1.244,3 millones de euros

Adrián Lorenzo. Santiago de Compostela

La empresa Nyesa Valores Corporación S.A ha declarado el concurso voluntario de acreedores incluyendo también a 15 de sus 24 sociedades, según informó  la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La compañía señala que esa cifra incluye importes de créditos y sitúan el pasivo en 570 millones, además de otros 435 de deuda financiera.

El juez que lleva el caso, Juan Pablo Rincón, ha estimado conveniente que el patrimonio de los actuales gestores de la compañía sea intervenido por la administración concursal, como señala el licenciado en derecho por la USC Juan Martínez Boullosa “todos tendrán que poner de su parte ya que el pasivo de la compañía supera los 100 millones de euros y sobrepasar esta cifra implica que el concurso sea declarado de gran trascendencia”. Además cabe destacar que, al tratarse de una firma que cotiza en bolsa, la CNMV también formará parte del proceso concursal.

Foto de Adrián Lorenzo

La inmobiliaria aragonesa prevé llegar pronto a un acuerdo con la mayoría de las entidades financieras acreedoras - Bankia, Popular, Cajalón, Kutxa o Catalunya Caixa- para refinanciar su deuda y espera mantener su actividad empresarial. La licenciada en derecho económico por la universidad de Vigo Isabel Sotelo Paredes señala que “es necesario que la entidad pueda llegar a un acuerdo con sus acreedores para poder seguir con su actividad y hacer frente a los pagos”. Así la entidad ha propuesto como solución la dación en pago, iniciativa impulsada por el ministro de economía y competitividad Luis de Guindos y consistente en “saldar parte de sus deudas entregando activos como pueden ser viviendas” con el fin de reducir al máximo su deuda con entidades financieras. Este plan de viabilidad podría reducir la deuda en 302 millones de euros. La inmobiliaria ha reconocido que este objetivo sería difícil de alcanzar, por lo que señalaba que sería suficiente con alcanzar los 151 millones.

La compañía prevé lograr también un convenio con los proveedores para abonarles la deuda en un máximo de siete años y reducir los costes de estructura y el capital social mediante una disminución del valor de sus acciones. La entidad ha aplicado también un ERE de extinción para 20 de sus 32 trabajadores en el marco de un plan para reducir los costes de su estructura.

La inmobiliaria controlada por la familia Bartibás paga de esta forma los excesos previos a la crisis económica y la decadencia del sector inmobiliario. Además, como señala la Ley concursal promulgada el 9 de julio de 2003, los administradores del concurso serán un abogado, un economista y un representante de los acreedores. La empresa no concurrirá en quiebra, como recoge el código civil, pero sus activos estarán bajo la tutela del juez hasta que éste dé por finalizado el concurso.