LOS AFECTADOS POR EL CIERRE REPENTINO
DE UN GIMNASIO SANTIAGUÉS SE ACERCAN CADA VEZ MÁS A UN ACUERDO
ECONÓMICO.
Congregados en una asociación, han
optado por no ir a juicio y tratar directamente con la abogada del
propietario.
Santiago, 10 de marzo de 2012.
Santiago,
10 de marzo de 2012.
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| El gimnasio está situado en la Avenida Mestre Mateo en Santiago de Compostela (Fotografía de Adrian Lorenzo) |
Después
de casi tres meses de reuniones cargadas de tensión, los
perjudicados por el cierre repentino del gimnasio Factory Fitness a
finales del pasado año, parecen haber llegado a un acuerdo con la
abogada representante de Alberto Lorenzo, dueño del establecimiento.
En un principio abonará un porcentaje de entre el 50 y el 55% del
dinero de su matrícula a los dos tercios de los casi 400 socios con
los que contaba el centro deportivo compostelano.
Pongámonos
en antecedentes para comprender lo sucedido. A finales del pasado
año, todos los socios recibieron una carta en la que se indicaba que
el gimnasio, en funcionamiento desde hacía más de diez años, iba a
cerrar sus puertas de forma definitiva en los siguientes 20 días.
Prácticamente al instante se organizó un enorme revuelo entre los
afectados, ya que algunos de ellos habían renovado su matrícula en
los días previos.
Para
Fernando Pérez Álvarez, doctorado y profesor de derecho de la
Universidad de Salamanca, el primer paso a seguir en casos como este
es la “revisión de la “letra chica” del contrato, para
comprobar que no se hacía referencia a lo acontecido en el mismo”.
Una vez comprobado, el siguiente paso a seguir sería ponerse en
contacto con el responsable, aunque en el caso que estamos relatando,
no fue tarea sencilla ya que no dio señales de vida en los días
siguientes.Transcurrido un tiempo y bajo la insistencia del grupo de
afectados, los remitió directamente a su abogada, cuyo despacho se
encuentra en la calle República Arxentina de la capital gallega.
Aunque hemos intentado contactar con ella para que nos expusiese los
argumentos y motivos de Lorenzo, no hemos obtenido respuesta alguna.
Una vez
comenzadas las reuniones, la única solución que les proporcionó en
un primer momento es la de “traspasar” su contrato a otro
gimnasio, de considerable menor calidad y con la obligación de
firmar un contrato de permanencia el doble de largo en él. Bajo la
amenaza de llegar a los juzgados, no tuvo más remedio que disponer
una serie de reuniones entre su abogada, Ana Villar y los
damnificados.
La
catedrática de Derecho Penal de la Universidad de A Coruña,
Patricia Faraldo enfoca el caso de la siguiente manera: “Sería
necesario probar que cuando pasó la cuota anual de pago ya tenía la
intención o al menos sabía que iba a cerrar próximamente. Si no se
puede demostrar, habría que acudir a la vía civil”. En cualquier
caso, se trata de “ una falta si el precio de la matricula no
asciende a los 400 y un delito si sí lo hace”.
En lo
que ambas fuentes están de acuerdo es en que el propietario de
Factory Fitness ha cometido tantos fraudes como clientes ha dejado
“en la estacada”, y ofrecerles la mitad de lo que habían pagado
no es una solución completamente válida por lo que los afectados
deberían de exigir más o ir a juicio, ya que “la irregularidad
con seguridad tendrá repercusiones” dice Pérez Álvarez.
Habrá
que esperar para saber si el asunto se zanja definitivamente después
de la primera oferta del propietario o si seguirán las
negociaciones.
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