OCHO ENFERMOS DE SIDA AMENAZADOS POR LA IGLESIA DE OURENSE POR UN SUPUESTO IMPAGO
Desde la vicaría de Ourense se reclaman facturas de un piso cedido desde el año 1993 a ocho inquilinos, algunos de los cuales con movilidad limitada.
Eva Tuñas López І Santiago de Compostela, 15/03/2012
Los ocho inquilinos de un céntrico piso de la ciudad gallega de Ourense podrían quedarse en la calle por un supuesto impago de mano de la asociación “Comité Ciudadano Antisida de Ourense”. Esta asociación y la vicaría de asuntos económicos de la Iglesia de la ciudad, firmaron en el año 1993 un acuerdo de cesión prorrogado varias veces hasta el año 2009. En dicho acuerdo se establecía la cesión gratuita del inmueble, mientras que el cargo de las facturas generadas por el mismo deberían de correr a cargo del Comité.
La reclamación, que ya ha iniciado su tramitación judicial después de un acto de conciliación – paso previo que debe tener lugar ante cualquier demanda de desahucio-entre las dos partes implicadas, se basa en el pago del alquiler del piso desde el año 2009 y de las facturas del mismo, cantidades que ascienden a 300 euros de IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles), y una cantidad de 130 euros del pago correspondiente a la comunidad. Desde el Comité Antisida afirman que sin la ayuda de la Iglesia la casa de acogida no hubiera podido existir, pero niegan firmemente que haya impagos de facturas hasta el momento, ya que, como aseguran “están totalmente al día”.
La Iglesia tiene toda la capacidad para llevar este asunto a la vía judicial “cualquier reclamación sobre el cumplimiento del contrato de cesión del inmueble se tiene que sustanciar ante el Juzgado de 1ª instancia de lo civil que corresponda por razón del territorio. En este caso, Iglesia y asociación actúan como dos particulares cualquiera” ha afirmado Eva Vázquez, abogada del Estado en Gran Canaria.
Si este asunto llegara a juicio, sería siempre por la vía de lo civil, por tratarse del incumplimiento de un contrato privado entre particulares, y en el suspuesto caso de que la Iglesia resultara perdedora de dicho juicio, esta sería condenada a pagar los gastos del mismo, y después dependerá en función de la demanda que haya interpuesto la asociación Comité Antisida de Ourense, pero será siempre una compensación de daños y perjuicios (traducida en una compensación económica), nunca una pena de cárcel, según ha explicado Javier Avilés, profesor de Derecho Civil de la Universidad de Oviedo, ante la pregunta de las posibles consecuencias que podría llegar a sufrir la Iglesia.
Cabe recordar que la situación económica, tanto de esta asociación y de otras tantas ONG no pasa por el mejor momento debido a la crisis económica por la que está pasando el país y los recortes que de ella derivan, sin descontar que en esta casa de acogida viven personas que necesitan una ayuda personalizada continua debido a su grave enfermedad y una amplia dosis de medicamentos diarios. Muchos de ellos también deben acudir con frecuencia a centros médicos cercanos para reconocimientos, siendo acompañados la mayoría de las veces por trabajadores del Comité Ciudadano Antisida, todo esto desencadenaría un mayor gasto, lo que supone un amplio esfuerzo económico.
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