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| Sede de la SGAE en Santiago DC. Sara Acevedo |
“La llamada Ley Sinde
establece un procedimiento especial para
la interrupción de servicios, para retirar los contenidos que vulneren derechos
de propiedad intelectual, y para requerir previamente, en su caso, a los
prestadores de servicios de la sociedad de la información la identificación del
presunto infractor de la propiedad intelectual. La Comisión
de Propiedad Intelectual será quien tramitará las denuncias de los titulares de
los derechos de autor contra las webs que permitan descargar ilegalmente
contenidos protegidos, como películas, libros, música, etc…”, señala Antonio Iglesias Vázquez , Letrado de SGAE, y socio director de Iglesias Abogados.
La Sección Segunda de la Comisión de la Propiedad Intelectual (el “pilar” de la ley
Sinde-Wert como ahora la bautizaron algunos internautas) ya está constituida: la integran
funcionarios de los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte, Industria,
Presidencia y Economía y está presidida por la nueva mujer fuerte de la
Secretaría de Estado de Cultura, María Teresa Lizaranzu, directora general de
Política e Industrias Culturales y del Libro.
El registrador José María
Guijo Vázquez explica que no
es obligatorio el registro de la propiedad intelectual, pero si conveniente
porque supone una prueba cualificada de los derechos de autor. La inscripción, en principio, tiene efectos en
territorio nacional pero eso no quita que sea una prueba fuera del territorio
español. Normalmente suele inscribirse la gente que todavía no tiene publicada
su obra, gente que quiere garantizar sus derechos. La inscripción produce
efectos desde el día de la presentación siempre y cuando la inscripción vaya
adelante. J. María recomienda a los alumnos inscribir las tesis en la propiedad
intelectual, porque por desgracia, hay muchos profesores que se aprovechan de
sus trabajos.
Los primeros cierres de webs se esperan a finales de marzo; el proceso puede durar entre 20 días y 3 meses como máximo. En ese intervalo se aplicará un procedimiento mixto administrativo-judicial en el que la intervención del juez puede ser solicitada en dos momentos: al principio, a la hora de identificar al posible infractor y al final, en el momento de ejecutar la interrupción del servicio o la retirada de los contenidos sujetos a derechos de autor. Si llegara a producirse el cierre de la web infractora o la suspensión del servicio, solo afectará a “sitios web” españoles y tendrá efecto durante un año, salvo si el titular de la página cumple antes con las exigencias de la ley.
La industria y las entidades de gestión acogen calurosamente la
entrada en vigor de la ley y hacen énfasis en la necesidad de utilizar este
mecanismo de manera permanente.
Henrique Monteagudo que
ingresó recientemente en la Real Academia Galega como miembro numerario, profesor titular de la USC y doctor en Filoloxía galega; autor de libros como As razóns do galego. Apelo á cidadanía. y codirector de la revista Grial nos dice que “A
creación intelectual tamén hai que valorala. Hai xente que vive diso. Se nós
non buscamos a maneira de preservar un negocio, o que imos provocar é a ruina
desa industria, e isto á súa vez provocará que todo o sector cultural se
resinta.”
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| Entrevista con H.Monteagudo. Sara Acevedo |
Monteagudo coincide con
Wert en que la cultura del “todo gratis” no es sostenible y cree que la
televisión también tendría que tener un canon. Pero además añade que no
simpatiza con ninguna medida que suponga limitar las posibilidades de acceso a
la gente a los productos culturales pero
que hay que verlo también desde el punto de vista de los “artistas”, porque la
creación cultural está muy poco valorada.
¿Solución? Para terminar,
Henrique Monteagudo nos cuenta que el posible remedio sería “A concienciación da xente de que a cultura
ten un prezo, de que non pode ser
gratuíta porque custa producila. As industrias teñen que mentalizarse de que o
producto cultural que se pode obter a través dos novos medios de difusión e
reproducción gratuitamente non ten sentido manterlle un prezo elevado porque o
único que se está fomentando con iso é a piratería.”
La productora Laesponja S.L realiza productos audiovisuales de principio a fin: conceptualización del proyecto, preproducción, rodaje y postproducción en imagen y sonido. Crean de forma exclusiva la ambientación sonora y musical que les pide cada proyecto. La "producer" de la productora, Salwa Azzam, no cree que internet destruya nada y menciona que se pueden
hacer gestiones y comercialización eficiente de productos culturales vía Internet. Además añade que Laesponja (que ya tiene un acuerdo con el compositor mediante el que es comercializadora en primera instancia) cede los derechos de comercialización y explotación al cliente en los términos que acuerde con él, en la venta del producto.
En días como hoy, presentado por Juan Ramón Lucas, entrevistaron a José Manuel Tourné, director de la Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual. Dice que ya tienen denuncias preparadas y están satisfechos por la entrada en vigor del reglamento.
“Si no se cumple esta Ley, o si la misma no es eficaz, la situación se agravará. La marca España está asociada a los niveles más altos de piratería en el mundo; nuestra tasa de piratería alcanza ya el 77,3% de los contenidos digitales, lo que equivale a casi 11.000 millones de euros en el último año. Internet debe facilitar, también en España, el crecimiento de las industrias culturales y del entretenimiento, como ocurre en los países más implicados de nuestro entorno”, concluye Antonio Iglesias.
· Anexo
Elección de la noticia de la entrada en vigor
de la Ley Sinde.
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