miércoles, 14 de marzo de 2012

Reforma del Senado

El Senado se da un año de plazo para estudiar una reforma que justifique su existencia
 
Santiago. Juan Gallego/Agencias
Todos los grupos del Senado aprobaron por unanimidad la creación de un grupo de trabajo para estudiar la reforma de la Cámara Alta. Antes del verano de 2013 deberá estar definida una propuesta para reforzar la función territorial de la institución, que pasaría a ser cámara de primera lectura en las iniciativas de contenido autonómico y de financiación local.
El plazo para presentar la propuesta de reforma  concluye en junio de 2013
La reforma del Senado es una tarea pendiente desde los primeros años de la transición. Todos los partidos políticos coinciden en la necesidad de dotarle de un contenido que justifique su existencia, muy diluida por el protagonismo que la Constitución otorga al Congreso de los Diputados por un inadecuado diseño bicameral. Los grupos mayoritarios, PP y PSOE, abogan por potenciar el papel del Senado con una revisión parcial de sus funciones, y únicamente en aquellos aspectos sobre los que exista un gran consenso. Es una pretensión acogida con escepticismo por los dos catedráticos de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela; tanto Roberto Blanco Valdés como Carlos Ruiz Miguel ponen en duda que exista auténtica voluntad de aumentar la presencia e influencia de la Cámara Alta en la vida pública. Ruiz Miguel recuerda que ya en 1996 se hizo un estudio similar al que ahora se acomete, sin que llegara a desarrollarse ni una sola de sus propuestas. 
   
Blanco Valdés admite que una reforma parcial puede llegar a ser relevante, si incluye un cambio constitucional para corregir el papel subordinado del Senado. “La clave está en el artículo 90, en el que se establece la prevalencia del Congreso sobre el Senado”, explica el catedrático. En este sentido, asegura que “la reforma no servirá para nada” sin tocar ese artículo de la Constitución. 
Valdés también explica que en España existe lo que él denomina 'mito del Senado como cámara de representación territorial': “salvo en Alemania -dijo-, no hay un solo estado federal en el que el senado tenga atribuidas las funciones de órgano territorial, y aún en el caso de Alemania se da la particularidad de que los representantes de los länder ejercen lo que se llama el voto instruido, que viene a ser un voto decidido por los gobiernos de los länder, no por el senador o por la dirección de su partido. Nada que ver por lo tanto con lo que tenemos o queremos hacer aquí”. 
Carlos Ruiz Miguel es más taxativo que Roberto Blanco Valdés: “si cierran el Senado acabamos antes”. Es una frase concluyente que resume su nula confianza en un acuerdo para transformar el Senado, sobre la base de que sabe muy bien que la clausura de la Cámara Alta no es una posibilidad que esté sobre la mesa. 
Ruiz Miguel y Blanco Valdés no son los únicos escépticos. La decisión de estudiar la reforma del Senado se aprobó por unanimidad, lo que podría hacer presumir sintonía entre las fuerzas políticas allí representadas. Nada más lejos de la realidad. El consenso se reduce a la necesidad de la reforma. A partir de ahí, los objetivos son divergentes. CiU y la Entesa pel Progrés de Catalunya proponen modificar la composición de la Cámara para que la provincia deje de ser la circunscripción electoral en favor de la comunidad autónoma. Los nacionalistas catalanes quieren además que se tengan en cuenta los hechos diferenciales. 
El senador Iñaki Anasagasti, portavoz del PNV, duda de la voluntad del PP para potenciar el Senado por el escaso interés mostrado por el presidente del partido y del Gobierno, Mariano Rajoy, para visitar la Cámara y someterse al control de la oposición. 
Objetivos

La reforma prevista se centrará en cómo convertir al Senado en cámara de primera lectura, por delante del Congreso, en los asuntos de contenido autonómico, como la reforma de estatutos, la financiación autonómica, la cesión de tributos, y las leyes de transferencia o delegación previstas en el artículo 150 de la Constitución

 
También sería el Senado el primero en ver las leyes relativas a la organización y financiación de las entidades locales y tendría además una mayor intervención en las proposiciones de ley originadas en la propia Cámara Alta, de relevante incidencia autonómica o local, así como en las procedentes de las comunidades autónomas.

Una reforma de cierto alcance llevaría aparejada una modificación del texto constitucional que afectaría al Título III, que regula el funcionamiento de las Cortes Generales (Congreso y Senado) y las funciones de la Cámara Alta.




Expertos consultados:

Roberto Blanco Valdés. Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela.

Carlos Ruiz Miguel. Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela.

Fotografía:

Autor: Juan Gallego

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