Sentencia Tribunal Supremo

Hechos probados:

En la emisión del programa ‘’A tu lado’’ del día 5 de enero se reproducen imágenes de Álvarez-Cascos, entonces ministro de Fomento, y María Porto Sánchez cuando pasaban unos días en la isla de Lanzarote, captando su entrada en el hotel, su estancia en la piscina, en un parque infantil con los hijos de ambos, en la playa, y la comida en un restaurante de la pareja y los niños. Las imágenes ilustran la noticia de la relación sentimental iniciada por el ministro que se captaron sin el consentimiento ni el conocimiento de los demandantes. Por su parte, el rostro de los niños es pixelado, impidiendo su reconocimiento por parte del público.

El Juzgado de Primera Instancia n.º 12 de Madrid había dictado sentencia de fecha 15 de septiembre de 2006 en el juicio ordinario n.º 220/2004, cuyo fallo estima la demanda formulada por la Procuradora D.ª Margarita López Jiménez en representación de D. Francisco Álvarez-Cascos Fernández y D.ª María Porto Sánchez contra, Gestevisión Telecinco S.A., D.ª Emma García Valdivieso presentadora y contra D. Juan Francisco Matamoros Hernández, D.ª Cristina Fernández Blanco y D.a Lydia Lozano Hernández . En consecuencia se declara que la información suministrada por la cadena de Televisión Telecinco en el programa "A tu lado" de 5 de enero de 2004 sobre los demandantes y sus hijos menores de edad, conforma una intromisión ilegítima en sus derechos fundamentales a la intimidad y la propia imagen al amparo de la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo y por el quebrantamiento de inviolabilidad del domicilio protegida por el artículo 18 de la Constitución Española. Por lo que cabe ordenar la destrucción del reportaje y prohibir cualquier utilización del mismo en el futuro, condenando a los demandados a que abonen solidariamente la cantidad de 120.000 euros a cada uno de los demandantes.

Por su parte, la Sección 14.ª de la Audiencia Provincial de Madrid, estimando parcialmente los recursos de apelación interpuestos por los demandantes y estimando en parte los recursos de apelación interpuestos por los demandados contra la sentencia el 15 de septiembre de 2006 por el Juzgado de Primera Instancia número 12 de los de Madrid (procedimiento ordinario 220/04,) declara que la información suministrada por la cadena de televisión Telecinco en el programa "A tu lado" de 5 de enero de 2004 sobre los actores constituye una intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad de los demandantes perpetrada por todos los demandados y una intromisión ilegítima en el derecho a la propia imagen de cada uno de los demandantes perpetrada por los codemandados Gestevisión Telecinco S.A. y la presentadora del programa Emma García Valdivieso. La Audiencia provincial también ordenó la destrucción del reportaje a que se contrae el litigio, prohibiendo su utilización en el futuro, además de condenar a los demandados a que abonen a los actores la cantidad de 18.000 euros a cada uno de los demandantes al no existir información de interés público, ya que tan solo se mostraban imágenes sobre la relación del por entonces ministro de Fomento con su pareja. Además la pareja del ministro, no disponía del mismo reconocimiento por parte de la sociedad que su marido, por lo que la información sobre su vida privada no reviste mayor interés público. No obstante, la Audiencia Provincial negó cualquier intromisión en los derechos de los menores que les acompañaban.

Finalmente, demandantes y demandados, interpusieron el recurso de casación. El Tribunal Supremo estimó el recurso interpuesto por los demandados y desestimó el recurso interpuesto por los demandantes. Sentencia que no existen razones en el supuesto enjuiciado para revertir la posición prevalente que ostenta la libertad de información respecto de los derechos a la intimidad y a la propia imagen de los demandantes, al considerar que la información tratada era de interés público, además de haber sido captadas las imágenes relativas al caso en espacios públicos.

ARGUMENTOS JURÍDICOS:

Se solicita por los demandantes tutela judicial frente a la intromisión ilegítima en sus derechos fundamentales a la intimidad y la propia imagen al amparo de la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo y por el quebrantamiento de inviolabilidad del domicilio protegida por el artículo 18 de la Constitución Española

La oposición de los demandados, que niegan la vulneración denunciada, se apoya en que el programa ‘’A tu Lado’’ se limitó a citar  una información en imágenes que había sido emitida días antes en otro programa de la misma cadena, "Salsa Rosa", y que había sido divulgada por otros medios de comunicación; que las imágenes han sido tomadas en lugares públicos; que el Sr. Álvarez Cascos había propiciado con anterioridad un estrecho contacto con la prensa del corazón en relación con su vida personal y familiar, y la Sra. Porto había mostrado su vivienda en una publicación; que la imagen de los menores no es reconocible; que el reportaje sirve para formar la opinión pública general.

Por su parte, el Tribunal Constitucional había manifestado anteriormente en la sentencia n.° 186/2000, de 10 de julio que el derecho fundamental a la intimidad garantiza "la existencia de un ámbito propio y reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás, necesario, según las pautas de nuestra cultura, para mantener una calidad mínima de la vida humana

En la confrontación de este derecho con el derecho a comunicar libremente información veraz el Tribunal Constitucional ha declarado que la comunicación que la Constitución protege es la que transmite información veraz relativa a asuntos de interés general o relevancia pública (STC 154/1999, de 14 de septiembre); que cuando dicha libertad se ejerce sobre ámbitos que pueden afectar a otros bienes constitucionales, como es la intimidad, es preciso para que su proyección sea legítima, que lo informado resulte de interés público (STC de 30 junio 2003 EDJ 2003/30563), contribuyendo a la formación de la opinión pública (STC 2a de 12 noviembre 1990,); que la tutela del derecho a la intimidad se debilita, proporcionalmente, como límite externo de las libertades de expresión e información cuando sus titulares son personas públicas o con notoriedad pública, estando obligadas por ello a soportar un cierto riesgo de que sus derechos subjetivos de la personalidad resulten afectados por opiniones sobre cuestiones de interés general, "lo cual es sustancialmente distinto ya sea de la simple satisfacción de la curiosidad humana por conocer la vida de otros, o bien de lo que a juicio de uno de dichos medios puede resultar noticioso en un determinado momento (STC de 6 mayo 2002, y las que cita STC 134/1999 y 83/2002, de 22 de abril).

Además, analizando la jurisprudencia constitucional, la prevalencia del derecho a la información sobre el de la intimidad de las personas públicas exige que lo informado resulte de interés público, contribuyendo a la formación de la opinión pública.

Por su parte, el Tribunal Supremo, a instancias de la demanda interpuesta por ambas partes sentencia que no existen razones en el supuesto enjuiciado para revertir la posición prevalente que ostenta la libertad de información respecto de los derechos a la intimidad y a la propia imagen de los demandantes. En primer lugar, la Sala Primera no comparte las afirmaciones de la Audiencia respecto de la ausencia de interés público de la información, por cuanto la valoración acerca de la naturaleza y del contenido de los programas no puede excluir a priori su trascendencia para la formación de la opinión pública libre. Es por ello por lo que esa trascendencia, especialmente en el tratamiento de temas políticos, también está presente en programas de entretenimiento y en cualquier otro susceptible de influir sobre la opinión pública. Además, para la Sala el interés de la información cuestionada también resultaba de la proyección pública y política de Álvarez Cascos, que cuando se emitió el programa era ministro del Gobierno de España. En cuanto a la difusión de la imagen de la nueva pareja del entonces ministro sin su consentimiento, no tiene la consideración lesiva que le otorgó la Audiencia «pues su determinación resultaba necesaria para trasmitir el hecho noticiable de la nueva relación sentimental del ministro», y porque la captación de las imágenes tuvo lugar, al menos en su mayoría, en sitios públicos (terraza y playa), aunque se hiciesen a distancia y con teleobjetivo, de tal suerte que no pueden considerarse fotografías obtenidas clandestinamente o de manera furtiva. A lo que debe añadirse la ausencia de pautas de comportamiento de Álvarez Cascos para evitar dar a conocer su nueva relación sentimental.

Comentario periodístico:

A mi juicio, en este caso prevalece el derecho a la información al derecho a la intimidad de las personas, debido a que el personaje filmado por las cámaras ejercía, por aquel entonces, un cargo en la Administración Pública. Motivo por el cual debe aceptar todo lo que acarrea, ya que parte de su salario se debe a la restricción que se le impone a su vida privada cuando se acepta un cargo público de tal magnitud. Debe conocerse que en el momento en que se comienza a ejercer un cargo en la Administración Pública, el conjunto de ciudadanos a los que se representa tienen derecho a conocer determinados aspectos de su vida privada.

Por otra parte, la filmación de las imágenes no implica el quebrantamiento de la inviolabilidad del domicilio, derecho recogido en la Constitución, ya que las imágenes no han sido captadas en el interior de las habitaciones, sino que han sido captadas en los espacios comunes del hotel en que se alojaba la pareja. Una cosa es acceder a un espacio restringido sin pagar su coste de acceso y otra bien distinta es observar, a una distancia considerable y sin invadir los derechos de propiedad ajenos, tal zona.

Otro caso bien distinto es el derecho a la intimidad de la pareja de Álvarez-Cascos, María Porto ya que no se trata de una personalidad conocida públicamente. En caso de que se filmaran tales imágenes antes de su relación con el señor Álvarez-Cascos, sin duda que su derecho a la intimidad prevalecería sobre el derecho a la intimidad. En el caso de su relación, su derecho a la intimidad se reduce ostensiblemente al tratarse de una persona vinculada sentimentalmente a un cargo público.

En cuanto a la filmación de los niños, parece ser meramente accesoria y además, en el propio programa se encargan de pixelar sus caras, con el fin de dificultar o impedir su reconocimiento, con lo cual se entiende que no hay intención del vulnerar los derechos a la propia imagen de los menores.