Sentencia Abril. Martín
Tomás García Joven
Roj: STS 2666/2012
Id Cendoj:
28079110012012100253
Órgano: Tribunal Supremo.
Sala de lo Civil
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 1510/2011
Nº de Resolución: 272/2012
Procedimiento: Casación
Ponente: JUAN ANTONIO XIOL
RIOS
Tipo de Resolución:
Sentencia
RESUMEN DE LOS HECHOS.
El 18 de febrero de 2009,
Carlos Daniel realizó unos comentarios de opinión periodística en el programa
radiofónico “La Mañana ”,
de la Emisora COPE
D. Segundo, formuló demanda de protección de su
derecho al honor contra D. Carlos Daniel,
al estimar que las declaraciones radiofónicas realizadas por el demandando el
18 y 23 de febrero de 2009 en el programa “La Mañana ”, suponen una intromisión ilegítima en su
derecho.
El Juzgado de Primera
Instancia nº 33 de Madrid dictó sentencia de 28 de abril de 2010 en el juicio
ordinario n.º 776/2009 , cuyo fallo desestima íntegramente la demanda planteada
por D. Segundo frente a D.
Carlos Daniel, absolviendo al demandado de los pedimentos frente al
mismo deducidos, todo ello con expresa condena en costas a la actora.
El demandante solicita un
recurso de apelación. La
Sección 10ª de la Audiencia Provincial
de Madrid dictó sentencia de 11 de abril de 2011, en el rollo de apelación n.º
506/2010 , cuyo fallo desestima el recurso y le condena al pago de las costas
procesales devengadas en la sustanciación de esta alzada.
Por
auto de 2 de noviembre de 2011 se acordó admitir el recurso de casación.
ARGUMENTOS
JURÍDICOS.
El demandante formuló demanda de protección de su derecho al
honor, al estimar que las declaraciones radiofónicas realizadas por el
demandando el 18 y 23 de febrero de 2009 en el programa “La Mañana ”, suponen una
intromisión ilegítima en su derecho. En concreto las expresiones «... Efectos
negativos sobre la
Administración de Justicia, pero por favor si hay casos que
tardan un año, dos, tres, ocho, diez. Si hay condenas firmes del Supremo, que
entre el Supremo y el Constitucional Tiki-taka de 4.500 millones, si cazan con
el Rey, porque aquí todo es cazar». «.... El caso de los Chili
sigue siendo un verdadero modelo, de cómo una estafa al por mayor, si
resulta que uno de los... en fin que tenía que entrar en la cárcel caza con Su
Majestad, un poco más y caza al juez, bueno un poco más y me caza a mí por denunciarlo,
pues son las 6 y 17 y los Chili no han entrado en la cárcel ni van a entrar,
porque cazan o mejor dicho caza, que es uno de ellos, con el que hay que
cazar...». «... Fíjense: uno de los grandes cazadores de España, Segundo, tendría que estar ahora en la cárcel
y no está. ¿Por qué? Porque caza donde tiene que cazar y con quien tiene que
cazar, ni más ni menos que Su Majestad. Iba a decir británica, no sé si caza the
Queen, probablemente zorros y cosas así...». Considera la parte recurrente que las
citadas expresiones suponen una imputación de hechos falsos que no se ajustan a
la verdad y que implican un atentado a su honor al menoscabar su imagen y
dignidad por presentar un contenido altamente vejatorio, que le ha causado un daño
moral que fija en 300 000 euros.
El Juzgado de Primera
Instancia desestimó la demanda y declaró que para dar respuesta a las cuestiones
controvertidas hay que partir de la ponderación de los derechos en liza, el
derecho a la libertad de expresión del demandado frente el derecho al honor del
demandante, en función del contexto en el que se emiten las palabras que el
demandante considera ofensivas a su honor, y en este sentido, cuando la pretendida
ofensa se produce en un estado de confrontación o incluso de crispación política,
la jurisprudencia ha destacado la debilidad de la protección del derecho al
honor en los supuestos de crítica política que se considera amparada por el
legítimo ejercicio de las libertades de expresión y comunicación y que resulta incuestionable
el interés público y relevancia general de la temática determinante de la
crítica. Tambien declaró que es un hecho
notorio y conocido porque así lo han recogido diversos medios de comunicación.
La sentencia de la Audiencia Provincial
desestimó el recurso de apelación presentado por la parte demandante,
confirmando la sentencia dictada en primera instancia. Se fundó, en síntesis,
en que la realidad de las afirmaciones efectuadas por la parte demandada y en
relación con la doctrina del Tribunal Supremo sobre la protección del derecho
al honor cuando colisiona con el derecho a la libre información y expresión, en
la medida en que en el presente caso no se emplean términos injuriosos ni
expresiones incívicas o irrespetuosas, no se encuentra concernida la libertad
de expresión.
Contra esta sentencia se interpone recurso de
casación por la representación procesal de D.
Segundo, admitido al amparo del artículo 477.1.1 LEC , por referirse el
procedimiento a derechos fundamentales.
Finalmente, el fallo del
Tribunal Supremo declara no haber lugar al recurso de casación interpuesto por
la representación procesal de D. Segundo
, contra la sentencia de 11 de abril de 2011 dictada por la Sección 10.ª de la Audiencia Provincial
de Madrid en el rollo de apelación n.º 506/2010 , por lo cual no ha lugar a
casar por los motivos formulados la sentencia recurrida, que resulta confirmada
con este alcance.
Se imponen las costas del
recurso de casación a la parte recurrente.
COMENTARIO JURÍDICO.
Es complicado determinar
que derecho prevalece, el del honor o el de libertad de información y
expresión, en unas declaraciones en un medio de comunicación. En este caso,
tanto los hechos están probados, como las palabras que los enuncia el
denunciado carecen de injurias e irrespetuosidades. De todas formas, el
tribunal debe seguir una serie de directrices para establecer la ponderación de
la prevalencia de los derechos.
El artículo 18.1 CE
garantiza con igual grado de protección el derecho al honor, a la
intimidad personal y
familiar y a la propia imagen. Por otra parte, el artículo 20.1.a) y d) CE , en
relación con el artículo 53.2 CE , reconoce como derecho fundamental
especialmente protegido mediante los recursos de amparo constitucional y
judicial el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y
opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de
reproducción y el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz
por cualquier medio de difusión.
Ambos artículos dificultan
la ponderación de los derechos; pero como bien reconoce el tribunal, se destaca
la debilidad de la protección del derecho al honor en los supuestos de crítica
política que se considera amparada por el legítimo ejercicio de las libertades
de expresión y comunicación.
Por todo lo citado
anteriormente, la sentencia parece justa, ya que debe prevalecer el derecho de
información y expresión sobre el derecho al honor puesto que se trata de un
suceso de relevancia pública, y los hechos están probados.
COMENTARIO PERIODÍSTICO.
Particularmente, estoy a
favor del fallo del Tribunal, puesto que debe prevalecer el derecho a la
expresión y a la información, en los supuestos en los que no existan injurias,
ni faltas de respeto, y esté clara la veracidad de las declaraciones.
El Periodismo está basado
en la veracidad de lo expuesto, y todas y cada una de las afirmaciones
expuestas son rigurosamente analizadas por la población. En este caso, en la
intervención del demandado, se exponen unos hechos, independientes pero
relacionados, los cuales son de interés para la población, y tras el proceso se
ha demostrado que las declaraciones que los enuncian son completamente
legítimas, a tenor del código deontológico del periodista, por lo cual no ha
lugar la indemnización solicitada por el demandante.
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