El Auto del Tribunal Constitucional
que nos ocupa, ATC 126/2005, de 4 de abril de 2005, hace referencia en el
fondo, a un tema tremendamente controvertido y a la vez analizado, explicado y
matizado por la doctrina, como es el de la “colisión” de los derechos a la
información y al honor.
- ¿Estamos
ante una vulneración del derecho al honor?
- En
caso afirmativo, ¿está amparada por un ejercicio legítimo del derecho a la
libertad de expresión o información?
Aclaremos, pues, conceptos.
La Real Academia Española de la Lengua
nos habla de honor como la cualidad moral
que lleva al cumplimiento de los propios deberes respecto al prójimo y de uno
mismo. Por otro lado, Vives Antón nos habla de un honor interno, ideal e
intangible, que posee el hombre como ser racional y que se identifica con la
dignidad de la persona, y un honor externo, que sería en el que se concreta el
anterior. Postura refrendada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo que a
partir de su Sentencia de 23 de marzo de 1987 afirma la existencia, en el honor, de “… dos aspectos íntimamente conexos: a) el de la inmanencia, representada
por la estimación que cada persona hace de si mismo, y b) el de la
trascendencia o exteriorización, representada por la estimación que los demás
hacen de nuestra dignidad”. Otras Sentencias en este sentido son las STS de
24/04/1989, STS de 09/10/1997, y más reciente, la STS de 17/02/2009.
Además no debemos olvidar que estamos
hablando de una manifestación de la dignidad de la persona y que ésta se
manifiesta a través de un conjunto de derechos inviolables que le son
inherentes. En este sentido, el Tribunal Constitucional en SSTC 214/1991 de 17
de diciembre y la 78/1995 de 22 de mayo precisó:…el reconocimiento
constitucional de la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad,
además de encontrarse en la base del reconocimiento de otros derechos como el
honor y la intimidad, cumple funciones, tanto de principio interpretativo como
de norma integradora del ordenamiento. Todo ello no quiere decir, si no,
como afirma Horst Antonio Hölderl Frau que los ataques que se realizan al
honor los debemos entender como ataques inmediatos contra la dignidad de la
persona: en su autoestima y fama ( heteoestima ).
Por lo
tanto, la dignidad de la persona es la base de la protección, y, si toda
persona, por el mero hecho de serlo es titular de un derecho a la igualdad,
toda persona, por el mero hecho de serlo ostentará un derecho al honor de igual
contenido, un derecho al honor fundamentado en su dignidad, sin ningún tipo de
diferenciación.
Por otro
lado, si el artículo 18.1 de nuestra Constitución reconoce el derecho al honor,
el artículo 20.1 reconoce otros derechos que gozan también de rango superior:
concretamente, el de libertad de expresión e información. Así, el derecho a
formular juicios personales y subjetivos, creencias, pensamientos u opiniones o
libertad de expresión, reconocido en el artículo 20 a ) CE, no es sino un
derecho a la emisión de opiniones; mientras que el derecho a la libertad de
información, como en el Auto que nos ocupa, se concreta en el derecho a la
difusión de hechos. Ambos son, hoy en día, dentro de un estado democrático,
garantía de una opinión pública libre.
En todo
caso fue el propio Tribunal Constitucional el que perfiló las fronteras que
limitan estos derechos fundamentales citados, cuya doctrina podemos resumir en
la STS de 7 de julio de 1997:
- Que
la delimitación de la colisión entre tales derechos ha de hacerse caso por
caso y sin fijar apriorísticamente los límites entre ellos.
- Que
la tarea de ponderación ha de llevarse a cabo teniendo en cuenta la
posición prevalente, que no jerárquica o absoluta, que sobre los derechos
denominados de la personalidad del artículo 18 de la Constitución
Española, ostenta el derecho a la libertad de información del artículo
20.1.d), en función de su doble carácter de libertad individual y de
garantía institucional de una opinión pública libre e indisolublemente
unida al pluralismo político dentro de un Estado democrático, siempre que
la información transmitida sea veraz y esté referida a asuntos de
relevancia pública que son del interés general por las materias a que se
refieren y por las personas que en ellas intervienen.
- Que
cuando la libertad de información se quiere ejercer sobre ámbitos que
pueden afectar a otros bienes constitucionales, como son el honor y la
intimidad, es preciso para que su proyección sea legítima, que lo
informado resulte de Interés público, pues solo entonces puede exigirse de
aquellos a quienes afecta o perturba el contenido de la información que,
pese a ello, la soporten en aras, precisamente, del conocimiento general y
difusión de hechos y situaciones que interesen a la comunidad.
- Que
tal relevancia comunitaria, y no la simple satisfacción de la curiosidad
ajena, con frecuencia mal orientada e indebidamente fomentada, es lo único
que puede justificar la exigencia de que se asuman aquellas perturbaciones
o molestias ocasionadas por la difusión de determinada noticia, y reside
en tal criterio, por consiguiente, el elemento final de valoración para
dirimir, en estos supuestos, el conflicto entre el honor y la intimidad de
una parte, y la libertad de información, de la otra.
- Que
la libertad de expresión no puede justificar la atribución a una persona,
identificada con su nombre y apellidos o de alguna forma cuya
identificación no deje lugar a dudas, de hechos que la hagan desmerecer
del público aprecio y respeto, y reprobables a todas luces, sean cuales
fueron los usos sociales del momento.
- Que
información veraz debe significar información comprobada desde el punto de
vista de la profesionalidad informativa. Caben destacar en este sentido
las Sentencias de fechas, entre otras, de 23 de Marzo y 26 de Junio de
1.987, 12 de Noviembre de 1.990, 14 de Febrero y 30 de Marzo de 1.992 y 28
de Abril y 4 de Octubre de 1.993.
A ello debe
añadirse, en el caso de confrontación entre honor/libertad expresión e
información:
- Por un lado, que la libertad de emitir juicios
de valor, pensamientos, ideas, opiniones (artículo
- Por otro, que el derecho a difundir hechos que
deben ser considerados noticiables en aras a mantener una opinión pública
informada, no puede traspasar el límite de la veracidad. En este sentido,
entre otras, las STC 1ª, núm. 6/1988, de 21 de enero de 1988, STC, 1ª,
núm. 107/1988, de 8 de junio de 1988, STC, 1ª, núm. 105/1990, de 6 de
junio de 1990.
- Como señaló la STC 232/2002 de 9 de diciembre: Esta distinción entre pensamientos,
ideas y opiniones, de un lado, y comunicación informativa de hechos, de
otro, tiene decisiva importancia a la hora de determinar la legitimidad
del ejercicio de esas libertades, pues mientras los hechos son
susceptibles de prueba, las opiniones o juicios de valor, por su
naturaleza abstracta, no se prestan a una demostración de exactitud, y
ello hace que al que ejercita la libertad de expresión no le sea exigible
la prueba de la verdad o diligencia en su averiguación, que condiciona, en
cambio, la legitimidad del derecho de información por expreso mandato
constitucional, que ha añadido al término "información", en el
texto del art. 20.1 d) CE, el adjetivo "veraz". Así mismo
a tener en cuenta la STC 4/1996, de 19 Feb., FJ 3) y la STC 144/1998, de
30 Jul., FJ 2.
Hablamos
pues, de dos derechos fundamentales y es importante señalar que podemos hablar
de tres vías de protección jurisdiccional de los mismos: la constitucional, que
nos ocupa, y en la que hablamos del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional
por vulneración, precisamente, de uno de esos derechos fundamentales, de
acuerdo con el artículo 53.2 de nuestra Constitución, la civil y la penal.
Finalmente,
y dado el papel protagonista que el Auto que nos ocupa le da en su
justificación, es de recibo matizar qué se entiende por reportaje neutral. Para
ello nos centraremos en la relativamente reciente Sentencia de 26 de junio de
2008 de la Audiencia Provincial de Málaga, sobre todo por la “similitud” que
podemos asociar con el asunto objeto del Auto.
Así, la
doctrina del Tribunal Constitucional configura al reportaje neutral como aquél
en el que el medio de comunicación se limita a transcribir con fidelidad unas
declaraciones externas a él, es decir, simplemente reproduce lo que un tercero
ha dicho o escrito. De este modo, el medio de comunicación no es el autor de la
noticia, sino sólo actúa como soporte y medio de difusión de las opiniones o
informaciones trasmitidas por el tercero, a cuya responsabilidad deben
imputarse por entero.
Como dice
la sentencia, "el canon de veracidad exigible posee en el ámbito del
reportaje neutral una dimensión distinta al propio y general de la libertad de
información, quedando en tales supuestos limitado el deber de diligencia del
medio a la constatación de la verdad del hecho de la declaración en su doble
aspecto de identificación del sujeto que emite las opiniones o noticias y
valoración de la relación o conexión con el objeto del debate público y
respecto a la ausencia de indicios de falsedad evidente, sin que deba controlar
la veracidad de lo declarado sólo exigible al autor". En definitiva,
la responsabilidad del medio sólo puede surgir si no es cierto que el tercero manifestó
lo publicado o si se tergiversa gravemente, al desatender la literalidad de lo
dicho como verdad objetiva, para agregar comentarios que pueden ser injuriosos
y desviacionistas de la neutralidad de la información y de lo que debe
representar su divulgación aséptica. Así, el Auto comienza por determinar si el reportaje que ha dado origen
al recurso puede calificarse como neutral.
En este
sentido es importante no perder la perspectiva de nuestra jurisprudencia al
respecto y que denomina “reportaje neutral” en los siguientes términos:
a) El objeto de la noticia ha de
hallarse constituido por declaraciones que imputan hechos lesivos del honor,
pero que han de ser por sí mismas, esto es, como tales declaraciones, noticia y
han de ponerse en boca de personas determinadas responsables de ellas (SSTC
41/1994, de 15 de febrero, FJ 4, y 52/1996, de 26 de marzo, FJ 5). No hay, por
tanto, reportaje neutral cuando no se determina quién hizo las declaraciones
[STC 190/1996, de 25 de noviembre, FJ 4 b)].
b) El medio informativo ha de ser mero
transmisor de las mismas, limitándose a narrarlas sin alterar la importancia
que tengan en el conjunto de la noticia (STC 41/1994, de 15 de febrero, FJ 4).
Por tanto, si se reelabora la noticia no hay reportaje neutral (STC 144/1998,
de 30 de junio, FJ 5) y tampoco lo hay cuando es el medio el que provoca la noticia,
dentro de lo que se denomina periodismo de investigación. Dicho de otra forma,
el “reportaje neutral” ha de limitarse a reproducir algo que ya sea, de algún
modo, conocido.
c) En los casos de reportaje neutral
propio la veracidad exigible se limita a la verdad objetiva de la existencia de
la declaración, quedando el medio exonerado de responsabilidad respecto de su
contenido (STC 232/1993, de 12 de julio, FJ 3).
Por tanto, estaremos ante un reportaje
neutral si el medio de comunicación se ha limitado a cumplir su función
transmisora de lo dicho por otro, aunque él haya provocado esa información,
siempre que no la manipule mediante su artero fraccionamiento en el seno de un
reportaje de mayor extensión, interfiriendo en su discurrir con manifestaciones
propias, componiéndolo con textos o imágenes cuyo propósito sea, precisamente,
quebrar la neutralidad del medio de comunicación respecto de lo trascrito, de
suerte que esa información haya dejado de tener su fuente en un tercero, para
hacerla suya el medio de comunicación que la reproduce y difunde. Se trataría,
pues, y esto es lo que importa, de supuestos en los que el medio, haya
permanecido o no ajeno a la generación de la información, no lo ha sido
respecto de la forma en la que lo ha transmitido al público (SSTC 41/1994, de
15 de febrero, FJ 5; 22/1995, de 30 de enero, FJ 4).
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