El pasado 22 de Febrero, un informe
publicado por la AEMA señalaba a España como el país europeo más contaminante, en
concreto, el único que excedió los límites legales en la emisión de hasta tres
de los cuatro contaminantes que controla la norma comunitaria. Bruselas planea
endurecer la ley para frenar la polución y reducir el coste sanitario, que se
estima entre 102.000 y 169.000 millones de euros, y que causa más de 300.000
muertes al año en la UE.
Otros 11 países europeos superaron los “techos
de emisión” impuestos por la norma comunitaria, pero ninguno con tantos frentes
abiertos como España –suspende en la emisión de óxidos de nitrógeno, compuestos
volátiles y amoniaco en el aire-. Los peores datos corresponden a las grandes
ciudades, situándose Madrid y Barcelona entre las áreas metropolitanas más
contaminantes de todo el continente. No es la primera vez que España se
enfrenta a una condena por parte del Tribunal de Luxemburgo, pero las multas rara vez se han hecho efectivas.
D. Miguel Arenas Deza, doctor en Derecho
Internacional y profesor en la USC, aclara que
“casos contados de infracción medioambiental llegan al Tribunal europeo, ya que
los países prefieren negociar y arreglar estos asuntos antes de llegar a ese
extremo”, respecto a este caso en concreto opina que “posiblemente España
retrase el problema, pero tarde o temprano tendrá que pagar ya que hoy en día
no está en condiciones de cumplir”. El profesor Meza achaca parte del problema
al crecimiento industrial descontrolado y el auge del tráfico en las grandes
ciudades, pero sobre todo, a la persistencia de la compra de derechos de
emisión entre países. “Europa sigue siendo un mercado de subastas donde los
países venden su cota de contaminación al mejor postor; y la UE ya no tiene competencia en estas
transacciones”.
Con el cambio de Gobierno, y la entrada
de Arias Cañete al frente del Ministerio
de Medioambiente, se ha anunciado que se modificará a la baja la Ley de Calidad
del Aire, pero no se contempla restringir el tráfico en las zonas urbanas
-política que sí se está aplicando en otros países y que es una vieja
reivindicación de los ecologistas-. Xosé Veiras García, licenciado en Biología
y consultor ambiental de la asociación ecologista Verdegaia, opina que la
legislación europea es insuficiente, a pesar de los logros conseguidos, y
apunta que “las exigencias comunitarias en materia de medio ambiente son mucho
menos exigentes que las recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS)”.
Desde RADA (Red de Abogados de
Defensa Ambiental) señalan que España lleva
años empeorando su grado de cumplimiento del derecho comunitario. “En España no
se contempla el asunto con la seriedad que merece”, y destaca que gran parte
del problema está en la descentralización de las competencias ambientales. Cristina
Álvarez Baquerizo, abogada ambiental y miembro de RADA, considera justo que
una posible multa recaiga sobre las Comunidades Autónomas – como se prevé que
suceda-, “Tras décadas escuchando a las CCAA reclamar competencias, es justo que
ahora respondan por aquellas que reclamaron para después no ejercerlas, como en
este caso”. A raíz de estos problemas, la UE planea ir endureciendo la ley, en
concreto, ampliar el numero de contaminantes controlados antes del 2020. Ante
la pregunta de si España está en condiciones de cumplir este plazo, Álvarez responde:
“Estamos en condiciones, si. Técnicas y sociales, pero probablemente no
políticas. Solo haría falta controlar el trafico privado en las grandes
ciudades y esmerar la vigilancia en determinadas industrias, que son muy pocas”.
La situación vuelve a poner de
manifiesto que las políticas ambientales hace tiempo que vienen perdiendo peso
en la UE. Cuando se trata de incumplimientos ambientales, la Comisión Europea,
que es la encargada de aplicar las sanciones, suele actuar con poca exigencia y
mucha lentitud. En el caso particular de los “techos de emisión” se las da aún
menos importancia y, puesto que España espera estar en unos años dentro de los
límites marcados, es posible que no llegue a haber sanciones. De todas formas
es un tema todavía abierto y a la espera de resolución. A lo largo de este año, el Tribunal de Justicia de la UE debería acordar
las sanciones por contaminación que aplica a cada Gobierno y este, a su vez,
las trasladará a las Administraciones competentes.
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Fuentes:
-D. Miguel Arenas Deza, doctor en Derecho Internacional y profesor en la USC.
-Cristina Álvarez Baquerizo, abogada ambiental y miembro de RADA (Red de Abogados de Defensa Ambiental).
-Xosé Veiras García, licenciado en Biología y consultor ambiental de la asociación ecologista Verdegaia.
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