Se abre un camino seguro para los autores
Elena Molist /
Santiago de Compostela
Tras más de dos años de
múltiples disputas, el pasado día 1 de marzo entró en vigor la denominada ley
Sinde – Wert, a manos del consejo de ministros de Mariano Rajoy. La que nació
como un proyecto de urgencia elaborado por la ministra socialista Ángeles
González – Sinde ha salido por fin a la luz y la Comisión de Propiedad
intelectual responsable de la misma ha comenzado a desarrollar su maquinaria
administrativa. La Ley penaliza aquellas páginas web que traten de difundir
material protegido con derechos de autor y, con ello, tanto los usuarios de
internet así como las propias industrias culturales han de adaptarse a un nuevo
panorama jurídico no exento de polémica y cierto desconcierto social.
En
diciembre de 2009 una iniciativa legislativa que posteriormente se denominaría
Ley de Economía Sostenible fue presentada ante el consejo de ministros como un
conjunto de medidas destinadas a modernizar la economía española. En su
disposición final, este proyecto incluía un apartado destinado a la regulación
de webs y a la protección de la propiedad intelectual (sección que pasó a
llamarse propiamente Ley Sinde). La ley
inicial entró en vigor en diciembre del año 2011, pero a causa de las numerosas
discrepancias surgidas en torno a este último apartado, esta parte se dejó
ambigua, y su destino dependía de un consejo de ministros recién constituido.
Fueron muchos los grupos y asociaciones de internautas los que se manifestaron
en contra de la misma, pero finalmente el 1 de marzo de 2012, la Ley ahora
denominada Ley Sinde- Wert en honor a sus dos ministros promotores, ha
comenzado a funcionar. A partir de este momento, un Comité de Propiedad
intelectual compuesto por miembros elegidos por el ministro de cultura se encargará de mediar disputas entre usuarios y
perseguir las webs que permitan descargar o enlazar contenidos protegidos.
Finalmente será un juez el encargado de tomar las decisiones necesarias.
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Para unos, tan necesaria y
para otros tan represiva, el objetivo de esta ley no ha logrado todavía
conciliar los diferentes puntos de vista existentes en torno a ella. Para
Eduardo Serrano, profesor de Derecho Civil de la Universidad Complutense de
Madrid experto en propiedad intelectual, una cultura en la que todo contenido
fuese de acceso libre y gratuito sería “insostenible”, y además, argumenta, “el
acceso gratuito a la misma desincentivaría la creación, ya que el propio
creador sería testigo del aprovechamiento por parte de terceras personas de su
propio esfuerzo creativo”. Algo similar a lo que argumenta el catedrático de
derecho civil de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) Xosé Manuel Requeixo, que compara una
producción artística con una propiedad privada que únicamente ha de ser objeto
de lucro para su creador, definiendo a internet como una plataforma libre pero
sujeta a ciertas limitaciones, como es el
respeto a la propiedad intelectual.
Por su parte, otros
profesionales en la materia abogan por
un sistema libre de trabas legales, como es el caso del profesor de ciencias
políticas de la USC Miguel Anxo Bastos
Boubeta, que no considera un mecanismo justo el desarrollado por la ley Sinde,
argumentando que los derechos de Propiedad Intelectual en internet se
interponen a derechos como el de libertad de expresión. Asimismo, añade que una
cultura sin copyright ayudaría a regular y ver mejor reflejada la demanda
cultural por parte de los ciudadanos.
Cabe mencionar que esta ley
cuenta con antecedentes en otros países tales como EEUU, donde se ha procedido
al cierre de webs de difusión de contenidos protegidos. El más sonado de los
casos ha sido el del cierre de Megaupload, cuyos directores fueron detenidos y
podrían ser condenados hasta a 50 años de cárcel.
Ahora sólo queda esperar
hasta qué punto será eficaz la nueva ley en España y si realmente los creadores
se verán beneficiados con ella. Las asociaciones de internautas y las redes
sociales, como era de esperar, ya han
hecho sus apuestas. Se inicia una nueva era en internet.
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