Cómo crear falsas expectativas.
Roberto
Rodríguez Pazos.
 |
| De Guindos, ministro de Economía y Competitividad , en una conferencia del World Economic Forum |
Un
inicio contundente
La
aminoración del impacto social de los desahucios, ése fue el eje
central de la sonada intervención de De Guindos. En aras de evitar
una mayor profusión, el ministro salió al paso con una serie de
medidas que pretendían atajar o, en menor medida, suavizar el
proceso de desahucio. Un compendio de alternativas que incluye un
abaratamiento de los intereses moratorios; la recomendación de que
una vez declarada la incapacidad para pagar la hipoteca, en el caso
de familias con la integridad de sus miembros en paro, se demore
durante dos años el desalojo;la sugerencia de que los primeros pagos
realizados reduzcan el capital en lugar de los intereses; y, en
algunos casos, la dación del inmueble
En
esencia, las líneas maestras del proyecto de De Guindos en relación
a los desahucios se pueden vislumbrar con la simple lectura de las
propuestas previamente presentadas.
Por
un lado, y en grado de trascendencia ascendente, cabe destacar en
primer lugar uno de los puntos que
comporta un ineludible cambio legal, la reducción de los intereses
moratorios, que “son claramente excesivos” sentenció De Guindos.
Ciertamente, dichos intereses resultan desorbitados, sobre
todo cuando están orientados a gentes en una situación económica
crítica: e.g. propietarios de primera vivienda con todos los
miembros de la familia en paro y que no posean rentas adicionales.
Si bien, aunque muchas voces han optado por compartir y aceptar la
naturaleza de esta opción; otras exigen un mayor control, sobre todo
en lo concerniente al “límite temporal mínimo” para el valor de
tasación, arguyendo que las entidades bancarias fluctúan con presta
celeridad la cifra o valor tasado.
La
dación en pago, una solución óptima o simple engaño.
Sea
como fuere, la nota amarga la pone la controvertida forma de pago,
pero que muchos concluyen que es la idónea, la celebérrima dación
en pago.
Tu
casa por la deuda, esta simple expresión ejemplifica lo que
significa la dación de un inmueble. Pues bien, aunque en países de
nuestro entorno es perfectamente asumible, la práctica de la dación
en pago acarrea problemas jurídicos insalvables en España.
Vicisitudes tales como que en las hipotecas hay escrituras firmadas,
contratos, y eso no se puede modificar por ley, porque el Estado
estaría expropiando a una de las partes y tendría que compensarles
por ello. Asimismo, los requisitos a cumplir por aquellas familias
que quisieran acogerse a dicho régimen, podrían constituir
perfectamente el prólogo de “ De ratones y hombres ” de John
Steinbeck; son una oda a la indigencia, un pasmoso delirio que no
hace sino fomentar la crispación.
En
lo tocante a la dación en pago, María Paz García Rubio, catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Santiago de Compostela ( USC ) destaca que : “la aplicación de la dación en
pago se traduciría no solo en un cambio radical de la norma
hipotecaria sino que también afectaría al Código Civil. Además,
resulta preciso aclarar algo que la gente se afana en obviar cuando
se trata el tema: dación en pago y evitación del desahucio no son
sinónimos, ni mucho menos. En cuanto al cambio, exigiría no solo
admitir la dación en pago para lo cual habría que modificar la Ley
Hipotecaria y el Código Civil sino también dotar de más derechos
al adquiriente del piso al que le resulta imposible pagar. En cuanto
a la oportunidad de que el deudor pudiese alquilar la vivienda o bien
que le fuese concedida una moratoria, son equilibrios que deben ser
analizados al detalle teniendo en cuenta qué conviene y qué no para
la óptima marcha del mercado”.
La
Ley Concursal no ampara a las personas físicas.
En
consonancia con la dación en pago, hallamos la Ley Concursal. Pese a
que data del año 2003, sus últimas reformas entraron en vigor en
enero del presente año. Desgraciadamente, persiste el error que
cercena toda vía en favor de la persona física. La Ley Concursal, a
diferencia de otros países, no protege a las familias; en España no
existe perdón para los deudores de buena fe. Por el momento, todo
español debe responder con todos sus bienes, presentes y futuros,
como lo especifica el Código Civil; es una garantía patrimonial
universal que todo ciudadano íbero tiene y a la que se le puede
aparejar a mayores una segunda garantía adicional, como sería en
este caso la hipoteca.
Propuestas
y contrapropuestas.
El
último de los anuncios del ministro fue la intención de crear una
comisión de expertos para buscar soluciones a estos problemas, con
presencia de la Asociación Española de la Banca ( AEB ), la
Conferencia Española de Cajas de Ahorro ( CECA ) y la patronal delas cooperativas de crédito (Unacc). En la comisión, presidida por
el director general de Política Económica, Antonio Carrascosa,
también estaría presente el Tesoro Público y representantes de
algún otro ministerio, como el de Justicia.
En
contraposición a las intenciones de De Guindos, contrasta la
iniciativa de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales que solicita la creación de una figura jurídica
capaz de proteger eficazmente a las familias cuando se declaran en
concurso de acreedores. También prevén la mediación que se
plasmaría a través de acuerdos privados ante notario. La segunda
frase sería judicial. Sería preciso la presencia de un juez
ampliamente instruido y apto para decidir sobre la situación
económica y los requisitos para salvar esa situación, porque sería
la forma de que la mediación previa fuese más exitosa.
Del
ansiado cenit a la más absoluta de las debacles.
Con
el paso del tiempo, el plan inaugural fue perdiendo solidez; fueron
pereciendo en el camino aquellas medidas que hacían presagiar un
avance en la facilitación del proceso, en la consecución de vías
alternativas al inminente desahucio. Un batiburrillo de “falsas
esperanzas” que resultan tristemente reprobables, porque no solo
juegan con el desgarrado aliento, con la sed de prosperidad de más
de 150.000 particulares que padecen tal situación de desamparo sino
que también ponen en riesgo la paz social. En definitiva, parlamento
“comprometido” que remató con la exposición de un código de
“supuestas” buenas prácticas, sin fecha de implantación; una
salida a medio camino de la que lo único laudable sería la
intención, una buena y desinteresada, si la hubiera.
“
Este tipo de códigos de
conducta, códigos deontológicos o buenas prácticas ya estaban
presentes en las grandes empresas y por lo tanto no es un invento del
gobierno del PP. Son un ejemplo del conocido como “soft law”, un
intrumento legal de carácter indefinido que no resulta en absoluto
nuevo puesto que como se comentaba previamente es un asiduo en las
relaciones empresariales donde es frecuente que la norma no se
introduzca de modo imperativo sino mediante procesos como el ya
comentado” clarificó la catedrática de Derecho Civil de la
Universidad de Santiago de Compostela (USC), María Paz García Rubio.
Las
buenas prácticas y los bancos, términos irreconciliables.
Un
código de buenas prácticas que no obliga a los bancos a acatar lo
descrito en el pilar maestro del plan de Guindos. Las entidades
bancarias tendrían que asumir voluntariamente la adopción de dicho
escrito, si bien son muchas las voces dentro del sector que se
muestran reticentes a aceptar de buen grado opciones como la dación
en pago o el cambio del marco hipotecario con efectos retroactivos.
Entre otros, la partronal AEB (Asociación Española de Banca) se
mostró disconforme con estas medidas alegando que están en juego
billones de euros en titulaciones hipotecarias emitidas con unas
condiciones que no pueden ser modificadas de repente pues podrían
originar inseguridad jurídica. Sin embargo, resalta la discordancia
entre los diferentes corporaciones bancarias, poniendo la
Confederación de Cajas (CECA) la nota de favor al proyecto del
ministro de Competitividad y Economía. Desafortunadamente, lo que sí
se antoja predecible es el desdén y la falta de implicación que
la banca, de manera generalizada, va a manifestar. “Las buenas
intenciones no van a llegar a ningún lado” aseguró Matías Silva
Silva, director de la caja de ahorros Caja Rural, sita en Verín
(Ourense). Cristalinas como las aguas del pacífico que bañan al
gigante asiático son las reacciones de las entidades bancarias que,
tras haber sido auxiliadas por toda una nación ahogada, se tornan
egoístas y le dan la espalda a sus entonces salvadores.
Drama
social y recordatorio de la ineficacia política.
El
riesgo de exclusión social acecha pero los poderes se muestran
incapaces de dar con la fórmula, con el remedio para la lacra que
azota cada día a más y más personas. Y es que ya se cuentan por
cientos de miles, concretamente 150.ooo afectados y 328.000
procedimientos iniciados.
Un
drama social que debiera ser resuelto con prontitud; y es que solo
hace falta observar unas cuantas cifras: la tasa de pobreza se ha
elevado de un 23, 4% a un 27% en los últimos años, el número de
personas en desempleo supera los cinco millones, la exclusión social
severa ha subido dos puntos , hasta un 18, 6% desde 2007, y 12 puntos
la tasa de los que están al borde de la exclusión. Ante esta
coyuntura, no asemeja extraño que se haya incrementado el número
usuarios de servicios sociales de cinco a ocho millones. Una
situación que de no ser resulta cuanto antes , derivará en el
riesgo de una ruptura inminente en la cohesión y en la paz social.
 |
| Protesta orquestada por la organización Stop Desahucios en Vizcaya. |
Un
mar de dudas que inunda, que como un tsunami descontrolado ahoga a
todo lo que alcanza a su paso. Una masa acuosa enfurecida que los
“dioses políticos” se afanan en no resolver. Desgraciadamente,
la magnificencia divina de las deidades helenas parece no existir en
dominios íberos. No hay reencarnación posible, no hallaremos un
homólogo de Zeus en el Olimpo patrio. Solo descendientes de Ares y
Eris, solo destrucción y discordia. Aguardemos pues por un Prometeo
del futuro, que traiga la luz precisa para extinguir la oscuridad que
asola nuestras tierras, ya hendidas.
Fuentes
vivas consultadas: María Paz García Rubio, catedrática
de Derecho Civil de la Universidad de Santiago de Compostela ( USC );
Matías Silva Silva, director de la caja de ahorros Caja Rural, sita en Verín (Ourense).
Documentos
audiovisuales complementarios: http://www.youtube.com/watch?v=48fm58CvM8s
http://www.youtube.com/watch?v=IZJZ9HaAYXY&feature=related
Documentos fotográficos: 1. Imagen Logo CreativeCommons © worldeconomicforum bajo Licencia Creative Commons BY-NC-SA 2.0 (2012)
2. Imagen Logo CreativeCommons © galizacontrainfo bajo Licencia Creative Commons BY-NC-SA 2.0 (2012)
3. Imagen
Logo CreativeCommons © elrojomosca bajo Licencia
Creative Commons BY-NC-SA 2.0 (2011)
No hay comentarios:
Publicar un comentario