Noticia jurídica 1

Embargan el material del colegio Santa Illa de Madrid
Lara Fernández, Santiago de Compostela, 15/03/2012

El pasado viernes 24 de febrero, en el colegio privado Santa Illa de Madrid, se llevó a cabo el embargo del material escolar por parte de los operarios de Hacienda y de la policía judicial tras haber acumulado dicho colegio, una deuda de 20 años con la Seguridad Social. Además, el centro creado en el año 1959, llevaba 10 años recibiendo notificaciones de embargo, las cuales no recibieron respuesta alguna por parte de éste.

Foto: Lara Fernández 

El embargo, que había sido comunicado mediante  fax a los dirigentes del colegio el día anterior, se realizó durante horas lectivas, es decir, ante la atónita mirada de alumnos y profesores que, según testigos, se mostraron muy apenados al ver que todo su material, desde pizarras o mesas, hasta los propios libros de los niños, eran arrebatados de las aulas en las que se encontraban dando clase sin sospechar nada de lo que iba a pasar. Momentos posteriores a dicho embargo, el director del colegio, Manuel Díaz, afirmaba que “todos los centros pasan por momentos difíciles, y que ellos llevan 3 años pasándolo muy mal”.

Según el profesor de derecho civil de la UDC, Antonio Legerén, el embargo es la medida más eficaz para satisfacer incumplimientos contractuales. Ahora bien, de cómo se lleve (Que haya notificación previa, que haya acuerdo sobre el objeto, etc.) hará que sea una medida desproporcionada en el tiempo o no.   

Por otra parte, Verónica Vázquez Rodríguez, subdirectora de Novagalicia banco en

la oficina de Rúa Nova, A Coruña, cree que el embargo se tendría que haber

realizado con mayor rapidez, y no esperar 20 años para hacerlo ya que es poco profesional. Además, afirma que los principales culpables de la situación son las personas que han contraído dicha deuda con la Seguridad Social e incumplido, por lo tanto, sus obligaciones. Aunque, por otra parte, Verónica entiende que tras cada embargo hay situaciones conflictivas en las que la justicia no puede pararse en discreciones. 

Carmen Mahía Vázquez, abogada, explica la situación de una forma diferente, afirmando que si el colegio tiene alumnos dentro, quiere decir que dicho colegio está funcionando, es decir, recibe unos ingresos. Si dichos ingresos cubren los gastos de los trabajadores del colegio, Carmen considera que no es eficaz embargar el colegio ya que éste está creando puestos de trabajo y generando ingresos tanto para Hacienda como para la Seguridad Social. Por lo tanto, sería más eficaz embargar parte de los ingresos que va generando el colegio mes a mes. Otra posible solución , si se llevase a cabo el embargo, sería  subastar el colegio y que la persona que lo compre se haga cargo de la deuda, manteniendo siempre el colegio en funcionamiento.

En definitiva, Carmen afirma que un colegio que funciona bien, es decir, que tiene alumnos e ingresos suficientes, aunque una mala gestión, nunca sería eficaz cerrarlo.

Aunque el futuro de este colegio no está todavía claro, los padres de los alumnos afectados, alrededor de 150 de entre 3 y 17 años, tienen la tranquilidad de saber que, al menos, éstos podrán terminar el curso académico en las aulas con total normalidad según afirma la Conserjería de Educación.  El propietario del centro, por otra parte, tendrás que buscar una solución válida para saldar la deuda que ronda la estrepitosa cifra de un millón de euros.