http://www.youtube.com/watch?v=NvY1H1ULxl8 (vídeo recopilatorio)
domingo, 24 de junio de 2012
Rectificar es de sabios
Éstas imágenes dan fe de cómo a veces los periodistas no lo tienen demasiado claro...
http://www.youtube.com/watch?v=NvY1H1ULxl8 (vídeo recopilatorio)
http://www.youtube.com/watch?v=NvY1H1ULxl8 (vídeo recopilatorio)
Sentencia mayo
Alejandro A. Roura Blanco
Derecho de la información, 1º de Periodismo USC
SENTENCIA
Sentencia
Nº: 601/2011
Fecha
Sentencia:
19/12/2011
CASACIÓN
E INFRACCIÓN PROCESAL
Recurso
Nº:
718/2009
Fallo/Acuerdo:
Sentencia
Estimando
Votación
y Fallo: 13/07/2011
Ponente
Excmo. Sr. D.:
Juan
Antonio Xiol Ríos
Procedencia:
AUD.PROVINCIAL
SECCION N. 19 MADRID
Secretaría
de Sala:
Ilmo.
Sr. D. Alberto Carlos García Vega
Escrito por:
LTV/CVS
1. Resumen de
antecedentes de hechos probados
D. José Ramón de la Morena, en el programa radiofónico “El
Larguero”, que dirige en la Cadena Ser, en la emisión de la madrugada del día 5
al 6 de octubre de 2006, realizó, según la sentencia, “una intromisión ilegítima
en el derecho al honor” de Dª Rosario Peña y Don Eduardo Cuenca Cañizares
(entonces senador por Madrid), quienes alegaron daños morales al presentar la
demanda.
A raíz de un informe remitido por el grupo de Izquierda Unida
del Ayuntamiento de Legané, De la Morena calificó al Sr. Cuenca de "tronado"
y "pájaro de cuentas". Se refirió a él como “un tipo que hacía fotocopias
en el Ayuntamiento de Leganés y que ahora vive en un chalet de más de 100
millones en una zona residencial de Valdepelayos; porque él es de Izquierda
Unida, pero los que curran son los otros", así como que "seguramente
lo pagaron con los ahorros de cuando hacía fotocopias en el ayuntamiento ...
porque eso da ... o a lo mejor lo pagaron con sus habilidades para hacer
escuchas telefónicas, el pájaro".
También califica a los dos demandantes de
"caraduras", señalando que “y van de honestos, van de honestos los
dos, el matrimonio, los muy caraduras”.
Dª María del Rosario Peña Espuela y D. Eduardo Cuenca
Cañizares presentaron demanda de protección del derecho al honor y a la propia
imagen contra D. José Ramón de la Morena. El Juzgado de Primera Instancia
estimó la demanda y condenó al periodista a indemnizar a los querellantes en
concepto de daño moral en la cantidad que se determinase en ejecución de
sentencia, así como a la publicación y
difusión a su costa del texto íntegro de la sentencia a través del programa que
dirige (derecho de rectificación). Se fundó en razón de que las expresiones
proferidas son ofensivas e
inequívocamente injuriosas, exceden de la crítica e incurren en el insulto,
pese al contexto en que se produjeron, así como que las insinuaciones relativas
a un supuesto enriquecimiento indebido en la época en que el Sr. Cuenca
trabajaba en el Ayuntamiento de Leganés constituyen también un ataque a su
derecho al honor, en cuanto le atribuyen una conducta deshonesta en el desempeño
del cargo público.
2. Argumentos
jurídicos
Tal y como señala la sentencia, siguiendo la doctrina del
Tribunal Supremo, ha de señalarse que como límites de la libertad de
información y de la libertad de expresión existen otras exigencias como la no
utilización de palabras o frases insultantes, vejatorias o descalificadoras de
la persona a la que se refieran, innecesarias para el fin perseguido con la
información y la opinión. De este modo, es legítimo “discrepar, censurar y
criticar con toda la fuerza que se estime necesaria, pero no insultar.” Para
valorar el carácter injurioso “hay que tener en cuenta el contexto en que se
producen” (SSTC 49/2001, 16 febrero y 204/2001, 15 octubre).
Desde la STS núm. 6/1988, se ha mantenido que el requisito
constitucional de la veracidad no va dirigido tanto a la exigencia de una
rigurosa y total exactitud en el contenido de la información, sino a negar esa
protección o garantía a quienes, con defraudación del derecho de todos a
recibir información veraz, actúan con falsedad de lo comunicado, y se comportan de
manera negligente e irresponsable al transmitir como hechos verdaderos simples rumores
carentes de constatación (STC núm. 240/1992).
El honor (término de significado amplio), es un derecho de
la personalidad que suele clasificarse dentro de los de proyección social, se manifiesta
o como honra, especie de patrimonio moral de la persona y se funda en aquellas
condiciones que esta considera expresión concreta de su propia estimación, o,
en un sentido objetivo, como reputación, esto es, la opinión o estima que de la
persona tienen los demás, conceptuando el artículo 7.7 de la Ley Orgánica
1/1982 de 5 de mayo.
Las expresiones que el periodista dirigió a los
demandantes tuvieron un carácter ofensivo, vejatorio y claramente injurioso. De
acuerdo con la sentencia, “producen un desmerecimiento y descrédito para sus
destinatarios”, substituyéndose el “animus jocandi” por el “animus infamandi”.
Las imputaciones relativas al supuesto enriquecimiento indebido no fueron
acompañadas por las constataciones oportunas, algo que el propio De la Morena
reconoció.
La libertad de expresión no justifica la atribución
maliciosa y gratuita a personas públicas identificadas con su nombre y
apellidos de conductas o comportamientos que inexcusablemente les hacen
desmerecer del público aprecio. Por su parte, la libertad de información
excluye de su ámbito afirmaciones vejatorias y difamatorias que vulneran el
derecho al honor ajeno.
3. Comentario
jurídico
El fallo final del Tribunal Supremo es una manifestación más
que clara en cuanto al contenido, motivaciones y alcance del derecho de
rectificación, que, a pesar de no ser un derecho constitucional está
desarrollado en la LO 2/1984, de 26 de marzo. Esta normativa recoge el derecho
de toda persona natural o
jurídica a rectificar la información difundida por cualquier medio de
comunicación social, de hechos que le aluden que considere inexactos y cuya
divulgación pueda causarle perjuicio.
El derecho se ejercita mediante remisión del escrito de
rectificación al director del medio en el plazo de los siete
días naturales
siguientes a la difusión de la información.
La
rectificación del medio no será más larga que la propia información, salvo que
fuera necesario y se limitará a los hechos solicitados en la rectificación. Ya
que es un proceso con vocación de actuar en el mínimo plazo posible, el medio debe
publicar o difundir la rectificación de forma íntegra, dentro del plazo
de los tres
días siguientes a
la recepción y con
una relevancia semejante y sin comentarios ni añadidos. Tal y como indica la
sentencia, la rectificación debe correr a costas del demandado. Además, la
difusión –gratuita- de la versión a que obliga el juez es compatible con otros
trámites y la sentencia no admite recurso.
Hay
que indicar, además que no se trata de contrastar la veracidad, sino de
insertar los hechos debido a que informaciones anteriores son falsas o inexactas
y causan perjuicio.
Las
pretensiones de enmienda en cuanto a un posible delito de calumnia no
prosperaron, pues el enriquecimiento ilícito se planteó de manera nada
detallada y muy difusa, por lo que no fue posible sostener que el locutor
incurrió en una imputación de un acto ilegal.
4. Comentario
periodístico.
El derecho de rectificación es, a pesar de improbables
arbitrariedades del sistema, un elemento de la legislación que reconoce el
derecho de no sólo los profesionales y usuarios de la información, sino también
de sus protagonistas, los que con frecuencia se conocen como “personajes
públicos”.
Los personajes públicos, por razón de su actividad expuesta
a la sociedad, son blanco continuamente de menciones y acusaciones que pueden
suponer una intromisión ilegítima en su intimidad, una vulneración de su imagen
o una flagrante violación de su honor. Pese a ello, no sería correcto permitir
que, como actores sociales con gran proyección mediática, no dispusieran de un
mecanismo de defensa que, en un perverso acto de libertad de prensa, minase su
consideración entre los ciudadanos.
De nuevo se plantea el debate entre derechos individuales y
libertad de expresión y los límites del ejercicio facultativo entre uno y otro.
El principio de la no agresión y el de
la buena fe, siempre imprecisos, se traducen en veracidad y necesidad de
transmitir informaciones de interés general. Pese a ello, la tipificación en
este ámbito nunca podrá ser demasiada detallada, y sólo queda la esperanza de
establecer una tradición de jurisprudencia y doctrina científica que siente la
bases de un sistema más coherente.
Personalmente, y en el caso que nos ocupa, las expresiones
«tronado», «pájaro de cuentas», «caraduras», y «van de honestos» no me parecen
constituyentes de gran agravio, sobre todo si se tiene en cuenta el contexto de
emisión. “El larguero”, en cadena Ser, se caracteriza por sus debates
acalorados (pero respetuosos) y la energía de De La Morena, algo que le ha
granjeado numerosos “enemigos”, como Ángel María Villar, presidente de la RFE.
Sin embargo, haciendo un balance general, es positivo que la
cuantía de la demanda no se mida en dinero, sino en minutos en la onda y en la
rectificación, que podríamos clasificar como una “disculpa obligada”.
Cine, Derecho y Periodismo
El informe pelícano
Darby Shaw (Julia Roberts), una estudiante de Derecho, escribe un informe en el que analiza las posibles razones del reciente asesinato de dos jueces del Tribunal Supremo. Su informe, en principio descabellado, parece que toca material "sensible", pues pronto será objeto de una implacable persecución, de la que saldrá con vida gracias a la ayuda de un periodista (Denzel Washington) que también quiere descubrir quiénes están detrás de esos asesinatos.
http://www.youtube.com/watch?v=DFVNXqTYN3U
Darby Shaw (Julia Roberts), una estudiante de Derecho, escribe un informe en el que analiza las posibles razones del reciente asesinato de dos jueces del Tribunal Supremo. Su informe, en principio descabellado, parece que toca material "sensible", pues pronto será objeto de una implacable persecución, de la que saldrá con vida gracias a la ayuda de un periodista (Denzel Washington) que también quiere descubrir quiénes están detrás de esos asesinatos.
http://www.youtube.com/watch?v=DFVNXqTYN3U
Casos prácticos- Temas 16,17,18,19,20
TEMA
16:
Cuando
las personas tienen dificultades para alcanzar individualmente los fines que se
proponen, se hace necesaria la agrupación de personas para lograrlos. A esto se
le denomina:
a)
Persona física.
b)
Persona jurídica.
c)
Personalidad jurídica.
d)
Ninguna de las anteriores.
TEMA
17:
Según
lo estudiado en clase sobre los requisitos de la cosa en sentido jurídico, y
teniendo presente el de la sustantividad o individualización, el fornido cuerpo
de Claudio puede considerarse cosa:
a)
Sí, ya que su cuerpo tiene la misma consideración que un armario.
b)
No, ya que el cuerpo humano viviente no se considera cosa.
c)
Sí, cuando Claudio haya fallecido y su cuerpo se transforme en cadáver.
d)
Ninguna de las anteriores.
TEMA
18:
El
balón que Raúl mandó a la estratosfera cuando tiró el penalti que habría dado
el pase a España contra Francia en la Eurocopa del 2000, que consideración
tiene según jurídicamente:
a)
Cosa no fungible.
b)
Cosa fungible.
c)
Cosa insustituible e imperdonable.
d)
Ninguna de las anteriores.
TEMA
19:
Según
los apuntes de la asignatura de Derecho de la Información, distinguimos 5 tipos
diferentes de patrimonio:
a)
Patrimonio personal, especial, colectivo, de destino, desprotegido.
b)
Patrimonio personal, grupal, separado, en administración, protegido.
c)
Patrimonio personal, especial o separado, colectivo, de destino o en
administración, protegido.
d)
Ninguna de las anteriores.
TEMA
20:
Carlos
y Josefa se casan acogiéndose al régimen
económico de gananciales, por el que se hacen comunes para ambos las ganancias
y los beneficios obtenidos por cualquiera de ellos, los cuales les serán
atribuidos por mitad al disolverse la relación matrimonial. Si transcurridos
unos años su unión se declara nula, que ocurrirá con la sociedad de gananciales:
a)
Se disolverá al declarase el matrimonio como nulo.
b)
Se mantendrá, hasta que lo decrete un Juez a petición de los cónyuges.
c)
Se convertirá en una sociedad de separación de bienes.
d)
Ninguna de las anteriores.
Sentencia Mayo - Jesús Silva
T R I B U N A L S U P R E M O
Sala
de lo Civil
Presidente Excmo. Sr. D. Juan Antonio
Xiol Ríos
SENTENCIA
Sentencia Nº: 962/2011
Fecha Sentencia: 9/02/1012
CASACIÓN
Recurso Nº: 2142/2009
Fallo/Acuerdo: Sentencia
Desestimado
Ponente Excmo. Sr. D.: Juan Antonio Xiol Ríos
Procedencia: AUD.
PROVINCIAL SECCIÓN N. 19 BARCELONA
Secretaría de Sala: Ilma.
Sra. Dña. María Angeles Bartolomé Pardo
Escrito por:
RMG/CVS
Nota:
Libertad de
información y libertad de expresión, derecho al honor. Injurias y calumnias.
Interés público relevante: Partido político.
Veracidad:
inexistencia.
Resumen
de los hechos
Los hechos se remiten al
día 4 de Octubre de 2007, cuando el periodista español Federico Jiménez
Losantos publica en el diario El Mundo un artículo de opinión titulado “Requisa
de Armas”. En este artículo, hace declaraciones acerca del partido Esquerra Republicana
de Catalunya, entre ellas: "En las sedes de Esquerra hay o puede haber
armas (…) hay voluntad psicológica y política de emplearlas para amedrentar y,
eventualmente, matar a adversarios políticos, que para cualquier pistolero
pueden serlo todos".
Ante frases como esta,
Esquerra solicita que se declare la existencia de una intromisión ilegítima en
su honor por las expresiones ofensivas para el partido y para sus militantes,
vertidas por Losantos en su artículo. Del mismo modo, reclama la publicación de la sentencia en
tres medios de prensa escrita como Avui, EI País y EI Mundo, así como dos
medios radiofónicos como Catalunya Radio y Ser y que se condene a la parte
demandada al pago de una indemnización de 90.000 euros en concepto de daño moral.
Jiménez
Losantos, sin negar la veracidad de las expresiones, negó que existiese
intromisión ilegítima en el honor del partido, alegando que el artículo fue
escrito en un estilo periodístico caracterizado por la sátira y la ironía,
utilizando figuras retóricas y recursos literarios como la hipérbole y la
alegoría y que, en el momento en que fue publicado el referido artículo, la
parte demandante estaba recibiendo críticas como partido político en varios
medios de comunicación por justificar la violencia terrorista; por todo lo cual
sus expresiones no podían ser reputadas como intromisiones ilegítimas en el
honor de ERC y; en consecuencia, consideraba que no procedía ninguna
indemnización.
Finalmente,
el Juzgado de Primera Instancia n.º 37 de Barcelona dictó sentencia, declarando
que la conducta del demandado había constituido una intromisión ilegítima en el
honor de Esquerra Republicana de Catalunya y, por extensión, en la de sus
dirigentes, militantes y simpatizantes. Por esto, condena al periodista Jiménez
Losantos a publicar íntegramente, a su costa, la sentencia en el diario EI Mundo. Lo condena también al pago de 60.000 € en
concepto de indemnización por los daños y perjuicios causados (que será
destinada a una fundación sin ánimo de lucro). Todo ello con expresa condena en
costas a la parte demandada.
Argumentos
jurídicos
El
Juzgado de Primera Instancia estimó que había tenido lugar una intromisión
ilegítima en los derechos fundamentales de la parte demandante, concretamente,
en su derecho al honor, con base en los siguientes argumentos jurídicos:
EI
derecho al honor es un concepto jurídico que ampara a la persona frente a
expresiones o mensajes que la hagan desmerecer en la consideración ajena al ir
en su descrédito o menosprecio o fueran tenidas en concepto público por
afrentosas.
En
caso de colisión con otros derechos fundamentales, como el derecho a la
libertad de expresión, deben valorarse otras circunstancias como el
interés informativo, la veracidad, etc. No cabe duda de que la emisión de
apelativos formalmente injuriosos en cualquier contexto, innecesarios para la
labor informativa o de formación de opinión, supone un daño injustificado a la
dignidad de las personas físicas o jurídicas.
También
señala esta resolución que el derecho al honor personal prohíbe que nadie se
refiera a una persona de forma insultante o injuriosa, o atentando
injustificadamente contra su reputación haciéndola desmerecer ante la opinión
ajena, repercutiendo esto directamente en su consideración y dignidad individuales.
En
conclusión, se estima que las declaraciones de Losantos son expresiones atentatorias
contra el derecho al honor del actor al constituir una descalificación en su
ámbito profesional que no puede tener cobertura en el derecho a la libertad de
expresión, puesto que una persona no pierde el derecho a no ver lesionado su
honor por su condición de partido político.
Comentario
jurídico
En
este caso lo que se pondera es la colisión entre la libertad de información y
de expresión y el derecho al honor. Y aunque el derecho al honor de las
personas jurídicas no se presenta con la misma intensidad que el derecho al
honor de las personas físicas, los derechos fundamentales de las personas jurídicas
deben considerarse en relación con sus fines y su ámbito de actuación y,
particularmente, el derecho al honor debe entenderse en relación con la
protección para el ejercicio de sus fines y las condiciones de ejercicio de su
identidad, aspectos que se proyectan sobre un ámbito externo y funcional (su
reputación).
Opino
que el fallo del tribunal es acertado, ya que en el artículo objeto de este
proceso se le imputan al partido ERC hechos considerados delictivos, por tanto,
resultan aplicables los límites a que está sujeto el ejercicio de la libertad
de expresión; más aún al tratarse un artículo de opinión.
Comentario
periodístico
Como
futuro periodista, me resulta realmente complicado poner en cuestión el derecho
a la libertad de expresión pero, por desgracia; se han vuelto habituales las
colisiones entre este y el derecho al honor. Esto ocurre cuando los
profesionales de la información se alejan de los códigos deontológicos de
nuestra profesión, buscando el lucro y el espectáculo a costa de la veracidad
de las noticias o, como en este caso, cuando cruzan la línea que separa la
“crítica sensacionalista” de la calumnia, imputando a una persona (física o
jurídica) hechos considerados delictivos.
En
general, considero que el derecho a expresar y difundir libremente los
pensamientos, ideas y opiniones debería primar en la mayoría de los casos; eso
sí, siempre y cuando las informaciones publicadas sean verídicas y
contrastadas.
En
este caso, las injurias proferidas por el demandado no sólo son innecesarias
para la labor de difusión informativa y creación de opinión pública, sino que
además constituyen calumnias que imputan delitos gravísimos.
El
derecho a la información y libertad de expresión es una pieza fundamental para
garantizar la formación de una opinión pública libre, lo que justifica que se
exija su veracidad atendiendo al recíproco derecho de los ciudadanos de recibir
información y debe rechazarse la transmisión de rumores, invenciones o calumnias
insidiosas, así como la de noticias infundadas.
viernes, 22 de junio de 2012
Sentencia abril
Martina
Garea Albarrán, Sentencia 1, Abril 2012
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO,
Nº 262. Viernes, 29/10/2010. SEC:TC. PAG 15-26.
Tribunal Constitucional, 16538 Sala Segunda.
Sentencia 50/2010, 4 de
octubre de 2010.Recurso de amparo 5001-2004.
I.
Resumen
de los hechos probados
El 14 de junio de 1995, Carlos
Llamas Gavilanes, durante la grabación del programa del que era director y
presentador ―Hora 25, de Cadena SER (Sociedad Española de Radiodifusión S.A.)―,
emitió unas declaraciones referentes al periodista de la cadena COPE, Antonio
Herrero Lima, y al fallecido padre de éste, antiguo director de Europa Press,
Antonio Herrero Losada. En dichas declaraciones, trató el tema del espionaje
del CESID empleando las figuras de Antonio Herrero Lima y su padre, y oponiendo
la de éste último para rebatir las afirmaciones del primero.
La familia del fallecido
impuso una denuncia al señor Llamas Gavilanes y a la Cadena SER, amparándose en
la Ley 1/1982 de protección civil y derecho al honor y a la propia imagen,
afirmando que las palabras empleadas por el presentador poseían un carácter
humillante y vejatorio, atentando contra el prestigio del fallecido y su
familia.
A pesar de que el Juzgado
de Primera Instancia Nº47 de Madrid, la Audiencia Provincial de Madrid y la
Sala Primera del Tribunal Supremo fallaron a favor de la familia de los Herrero
Losada, los demandados continuaron presentando recursos de amparo, hasta que,
finalmente, la Segunda Sala del Tribunal Constitucional decidió anular las
sentencias promulgadas hasta el momento, a favor de la libertad de
comunicación.
II.
Argumentos
jurídicos
En primer lugar, el Juzgado
de Primera Instancia Nª47 de Madrid, la Audiencia Provincial de Madrid y la
Sala Primera del Tribunal Supremo fallaron a favor de la familia Herrero
Losada, cuyos argumentos para demandar se apoyaron en la Ley 1/1982 del 5 de
mayo acerca del derecho al honor, a la imagen personal y familiar y a la propia
imagen. Respaldándose en esta ley emprendieron la defensa del derecho al honor
y la imagen del señor Herrero Losada, que, según ellos, había sido mancillada por
las declaraciones emitidas por señor Carlos Llamas Gavilanes en la Cadena Ser.
El punto de vista del
Juzgado de Primera Instancia Nº47 de Madrid, de la Audiencia Provincial de
Madrid y de la Sala Primera del Tribunal Supremo coincidió, argumentando que
los hechos habían constituido una intromisión personal que dañaba la imagen y
el honor del señor Herrero Losada, y que no se podían justificar respaldándose
en el derecho de la información o la libertad de expresión. Coincidieron,
asimismo, en la intencionalidad del señor Llamas Gavilanes en emplear una información descontextualizada como marco de
su propia opinión y ejercer influencia sobre los oyentes. Sin embargo, tras los
recursos presentados por los demandados, el Tribunal Constitucional concibió la
intervención del señor Llamas Gavilanes, no como una inclusión manipulada de
una opinión personal en una información, sino como un punto de vista personal
expresado a propósito de unas declaraciones pertenecientes a un programa de la
Cadena COPE.
Esta concepción presenta el
caso como un intercambio de opiniones entre profesionales de la comunicación,
ya que presenta al señor Llamas Gavilanes simplemente contestando desde su
programa a unas declaraciones anteriormente emitidas por otro periodista en
otra cadena, todo esto motivado simplemente por la natural competencia
periodística, respaldada por el derecho a la libertad de expresión.
A propósito de esta segunda
visión, y contrariando a la perspectiva de sesiones anteriores, esta vez el
Tribunal Constitucional dio la razón a los demandados, al no hallar injurias en
las declaraciones referentes al fallecido Herrero Losada.
III.
Comentario
jurídico
Lo curioso de esta
situación es la coincidencia inicial tanto del Juzgado de Primera Instancia
Nº47 de Madrid, como de la Audiencia Provincial de Madrid y la Sala Primera del
Tribunal Supremo, en su veredicto acerca del caso. Resulta llamativo que, ante
esta situación de total acuerdo entre los tres órganos, a raíz de los recursos
presentados por los demandados tras el fallo a favor de la familia del señor
Herrero Losada, el Tribunal Constitucional otorgue la razón a Llamas Gavilanes
y a su emisora. Este cambio de opinión, además, se justifica respaldándose en
el derecho a la libertad de expresión, que, extrañamente, parecía carente de
importancia en el primer veredicto. Es cuanto menos interesante este cambio de
prioridad en los valores que se produce en los órganos judiciales, que, en un
primer lugar, parecen obviar los derechos de libertad de expresión
―independientemente de la profesión del demandado, que, en este caso, siendo la
periodística, deberían salir a la luz con mucha más facilidad―, y no
reconocerlos hasta que se presentan diversos recursos protestando por la
resolución.
Personalmente apoyo la
decisión final, pero me induce bastante desconfianza que esta persistente
tendencia de los últimos tiempos a sobredimensionar las opiniones, tachándolas
de injurias desde el primer momento, se vea respaldada por el fallo de las
autoridades judiciales de modo unánime en un primer momento, como si no hubiese
cabida para la reflexión hasta que alguien reclama incesantemente.
IV.
Comentario
periodístico
Tanto desde el punto de
vista periodístico como desde la perspectiva individualista, la libertad de
expresión no debería siquiera ceñirse a unos límites, ni a los de la corrección
política.
En el caso del periodismo,
resulta un obstáculo tanto para la comunicación informativa como para la
expresión de opiniones y juicios personales. Se presentan numerosas denuncias
motivadas por este tipo de declaraciones, amparándose en leyes que defienden
derechos de imagen y reputación personal. Resulta ridículo, en mi opinión, que
algo así tenga que protegerse legalmente, tratándose de un ámbito de
responsabilidad exclusivamente personal. Esta protección legal funciona a modo
de colchón, propiciando que nadie se preocupe en absoluto de preservar aquello
que quiere mantener en la intimidad y de proyectar la imagen que desea
transmitir, ya que, en el caso de oír algo que le resulte desagradable
―derivándose como consecuencia de sus propias acciones― puede simplemente
denunciar y salir exitoso.
A pesar de lo polémico de
esta afirmación, considero legítimas las declaraciones que falten al respeto,
amparándome en la idea de la plena libertad de expresión. La línea que divide
la falta de respeto y la simple declaración sin ofensa es muy delgada, ya que
se trata de un parámetro subjetivo que depende enteramente de la apreciación
del oyente, y no de la intención y la apreciación del emisor.
Independientemente de la
intencionalidad, de si es una ofensa deliberada o una mera confusión, la
profesión periodística se vería beneficiada de la ausencia de este tipo de
regulaciones legales que no hacen más que fomentar la irascibilidad irracional
de los ciudadanos, y, al mismo tiempo, en el ámbito no profesional,
paradójicamente, se traduciría en una mayor tolerancia y aceptación de las
críticas y opiniones ajenas.
Sentencia Mayo
Roj:
STS 1595/2012
Id
Cendoj: 28079110012012100149
Órgano:
Tribunal Supremo.
Sala de lo Civil
Sede:
Madrid
Sección:
1
Nº
de Recurso: 231/2010
Nº
de Resolución: 89/2012
Procedimiento:
Casación
Ponente:
JUAN ANTONIO XIOL
RIOS
Tipo
de Resolución: Sentencia
I.
RESUMEN DE LOS HECHOS PROBADOS
En el año 2009,
D. Conrado emprendió una demanda contra Multiediciones Universales S.L., en
defensa su derecho a la intimidad personal y familiar y a su propia imagen, a
causa de la publicación de las fotografías y el contenido global de los
artículos periodísticos publicados por la revista ¡Qué me dices! los días 8 y 15 de diciembre de 2007 y 19 de enero
de 2008, así como de los cuatro ejemplares gratuitos difundidos por el diario La Razón. Por ello, al presentar la
demanda, amén del cese de dicha intromisión, D. Conrado solicitó también una
indemnización por daños y perjuicios.
24 de abril
de ese año el Juzgado de Primera Instancia nº15 de Madrid dictó sentencia,
basando el fallo en dos puntos: se desestimaría la demanda de D. Conrado contra
Multiediciones Universales S. L. y en no se haría expresa condena en costas,
considerando que no se producía vulneración de los derechos invocados.
En febrero
de 2012, D. Conrado presenta un recurso de casación que se resuelve del
siguiente modo:
II.
ARGUMENTOS JURÍDICOS
Para el
fallo de la primera sentencia, en 2009, se estimaron los siguientes argumentos
jurídicos:
En primer
lugar, se reconocen los derechos a la propia imagen y a la intimidad, pero se
pone asimismo de manifiesto el conflicto que surge entre éstos y el derecho a
la información a la libertad de expresión en casos como éste, concluyendo que
en esta situación concreta priman los segundos.
A pesar de
que D. Conrado consideraba que se trataba de una intromisión en su vida íntima,
las fotografías fueron tomadas en un lugar público, donde es legal tomar y
distribuir material fotográfico y de cualquier otra índole sin constituir una
vulneración de los derechos. La empresa de comunicación argumenta en esta línea
que las imágenes se habían obtenido en lugar público, para un personaje
igualmente de este carácter, en el marco de la libertad de expresión e
información que consagra la Constitución. De igual modo hizo mención a los usos
para los que el propio personaje había empleado su imagen pública en otros
medios, y juzgaba improcedente el resarcimiento de daños y perjuicios.
D. Conrado,
por su parte, argumentó que se trataba de un ataque a su imagen debido a que
las fotografías eran un montaje preparado por el marido de la mujer con la que
se le mostraba, pero, si lo que en las susodichas imágenes se muestra no agrada
al demandante, por considerarlo un montaje, la responsabilidad no la ha de achacar
al periodista sino al autor de dicho montaje.
En cuanto a
los comentarios de las fotos, en la sentencia, por un lado se argumentó que
revelaban datos verídicos reconocidos
por D. Conrado, o que, en otros casos, describían evidencias de la foto, que en
ningún caso constituían una intromisión en la intimidad ya que tenían un
carácter descriptivo sin ir más allá.
La Constitución
de 1978 protege y garantiza en su art. 18.1 el derecho al honor, a la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen
también garantiza en el art. 20.1 letra a), el derecho a expresar e
difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el
escrito o cualquier otro medio de reproducción, al tiempo que el apartado d)
del mismo artículo garantiza el derecho a comunicar y recibir, libremente, el
medio de información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el
derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de
estas libertades. A pesar de ello estas libertades tienen su límite en el
ejercicio de otros derechos como los de intimidad e imagen personal. La
jurisprudencia ha estudiado con detalle esta confrontación, y se concluyó que
en estos casos el derecho a la información debería primar siempre que no se
agrediese el ámbito privado del personaje aludido, en cuestiones que no tocasen
su faceta de personaje público. Se concluye de igual modo que al haber aceptado
libremente esta condición de personaje público se debe aceptar un cierto riesgo
de lesión en los derechos de personalidad, ya que en estos casos la protección
del derecho al honor, intimidad e imagen es menor.
En cuanto a
los argumentos del recurso de casación:
D. Conrado,
en su escrito, emplea la siguiente fórmula: «deficiente aplicación del artículo
7.3 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo de 1982, en lo concerniente al
derecho a la intimidad del actor». El recurso basa en la discrepancia del
demandante acerca de la valoración del derecho a la intimidad realizada por la
sentencia recurrida, considerando que el ser un personaje público no le debía
privar de sus derechos fundamentales.
Por otro
lado, se presenta asimismo esta otra fórmula en el escrito: «Deficiente
aplicación del artículo 7.5 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo de 1982, en
lo concerniente al derecho a la propia imagen del actor». Este recurso se
funda, en resumen, en que en el derecho a la propia imagen el recurrente debe otorgar
su consentimiento para su exhibición cuando las imágenes afectan a su intimidad
y son captadas en el desarrollo de su vida personal e íntima, aunque no revelen
ninguna conducta indigna o deshonrosa y aunque sean captadas en lugares
públicos.
Por su
parte, la empresa de comunicación pide la desestimación del recurso al ser
hechos probados en el procedimiento que no existe intromisión en la intimidad
del recurrente porque es un personaje público que ha compartido hechos de su
vida personal y familiar como su reciente boda, su primer matrimonio, el
nacimiento de sus hijos, sus relaciones sentimentales, haciendo que estos
hechos se convirtieran en cuestiones objeto de discusión pública y de interés
general. Interesa Por otro lado, argumenta que no existe intromisión ilegítima
en la imagen del Sr. Conrado, por ser
una cuestión nueva en casación al no haberse planteado en el recurso de
apelación y porque en todo caso, las fotografías están amparadas por el
artículo 8.2 a) LO 1/1982 al ser de un personaje público, en un lugar público,
sin que se diga nada injurioso respecto del personaje.
III. COMENTARIO JURÍDICO
Jurídicamente
encuentro correcto el fallo, tanto de la primera sentencia como de la segunda.
Si bien la colisión entre los límites de los derechos de personalidad y los de
libertad de expresión e información puede ser difícil de resolver en ocasiones,
en este caso lo juzgo bastante claro. La manifestación pública de una actitud
por parte de un personaje público es susceptible de ser recogida por los medios
de comunicación, cualesquiera que sean sus pretensiones periodísticas y el
sector del público al que se dirijan. No cabe ninguna queja al respecto por
parte de dicho personaje ya que no puede ser considerado injurioso algo que
recoja una actitud que éste muestra pública y libremente. Por otro lado, ya se
habían producido antecedentes de publicaciones de aspectos similares de la vida
del sujeto, consentidas por éste, en las que en absoluto argumentaba que se
tratase de una lesión de su imagen. De hecho, los derechos de personalidad se
ven ligeramente reducidos en personajes públicos, y esto se puede ver reflejado
especialmente en este tipo de ámbitos periodísticos como la prensa rosa, cuyo
objeto es fundamentalmente la vida personal de celebridades. La condición de
personaje público se acepta de forma voluntaria, y acarrea unas consecuencias
que se asumen de igual manera.
IV. COMENTARIO PERIODÍSTICO
Personalmente
considero acertada la resolución legal también desde el punto de vista
periodístico. El hecho de que una publicación de este tipo ofenda al aludido es
estrictamente un problema de susceptibilidad de dicho sujeto, ya que,
asegurándonos de que no existe fraude o manipulación en la publicación
periodística, lo mostrado es siempre una acción emprendida de forma voluntaria
por el sujeto en cuestión. En ese caso, y tratándose de un personaje de
relevancia pública, por su cargo o similar, no habría de sentirse avergonzado
por la publicación de las informaciones, sino por sus propios actos. En el caso
de la prensa del corazón, las informaciones distribuidas no son estrictamente
de interés general, sino únicamente del interés del sector del público al que
se dirigen los medios de dicho género. Estos medios se caracterizan por la
distribución y tratamiento de datos referentes a la vida personal y aspectos
morbosos de ciertos personajes, por lo que, aceptando voluntariamente entrar en
ese juego ―así lo demuestran las publicaciones anteriores y consentidas del Sr.
Conrado― se acepta esa dinámica y se declara, indirectamente, que se está de
acuerdo con el sistema y que no se considera una agresión a los derechos de
personalidad.
Desde el
punto de vista tanto personal como periodístico, defiendo el derecho a la
libertad de expresión plena, y la comunicación sólo limitada por la información
que para ser hallada precise de una intromisión en una propiedad privada, o que
se consiga por medios que impliquen agresiones contra la integridad física.
Adriana Costoya
Película: " Vacaciones en Roma"
http://www.youtube.com/watch?v=eyYrvuCNKxk
Esta película de 1953 dirigida por William Wyler fue galardonada en su momento con tres Oscars. Este film cuenta la aventura que vive la princesa, Anna (Audrey Hepburn) durante sus vacaciones en Roma de la mano de un periodista, Joe. Este americano aprovecha esta vivencia para elaborar un reportaje acerca de la princesa fingiendo que desconoce su vínculo con la Realeza. Finalmente, Anna acude a cumplir con sus responsabilidades y Joe, influido por su conciencia, no publica las imágenes y la información que comprometía a la princesa.
Me gustaría tratar en clase, partiendo de este clásico varios temas:
1. ¿Dónde y cómo pueden encontrar fuentes que proporcionen verdadera y abundante información?
2. ¿Hasta dónde debe llegar nuestra confianza y cercanía con las fuentes?
3.¿ Qué pasa cuando la publicación de una información puede dañar a alguna de las fuentes?
El debate está abierto.
http://www.youtube.com/watch?v=eyYrvuCNKxk
Esta película de 1953 dirigida por William Wyler fue galardonada en su momento con tres Oscars. Este film cuenta la aventura que vive la princesa, Anna (Audrey Hepburn) durante sus vacaciones en Roma de la mano de un periodista, Joe. Este americano aprovecha esta vivencia para elaborar un reportaje acerca de la princesa fingiendo que desconoce su vínculo con la Realeza. Finalmente, Anna acude a cumplir con sus responsabilidades y Joe, influido por su conciencia, no publica las imágenes y la información que comprometía a la princesa.
Me gustaría tratar en clase, partiendo de este clásico varios temas:
1. ¿Dónde y cómo pueden encontrar fuentes que proporcionen verdadera y abundante información?
2. ¿Hasta dónde debe llegar nuestra confianza y cercanía con las fuentes?
3.¿ Qué pasa cuando la publicación de una información puede dañar a alguna de las fuentes?
El debate está abierto.
Adriana Costoya
Dejo dos erratas que he encontrado en dos diarios diferentes.
1. El Mundo.
"El Presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha compadecido ayer ante los medios autonómicos..."
2. La voz de Galicia
"Luego, en es piso se llevó a cabo un registro en el que se hayaron 78.000 personas más"
1. El Mundo.
"El Presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha compadecido ayer ante los medios autonómicos..."
2. La voz de Galicia
"Luego, en es piso se llevó a cabo un registro en el que se hayaron 78.000 personas más"
Sentencia 2
- RESUMEN DE LA SENTENCIA
Roj:
STS 1595/2012
Id
Cendoj: 280791100012012100149
Órgano:
Tribunal Superior. Sala de lo Civil
Sede:
Madrid
Sección:
1
Número
de recurso: 231/2010
Número
de resolución: 89/2012
Procedimiento:
casación
Ponente:
Juan Antonio Xiol Rios
Sentencia
del 29 de febrero del 2012
El
recurso de casación interpuesto y pendiente de resolución por la
representación procesal de D. Conrado, representado por la
procuradora Dna. Alicia Casado Deleito, contra la sentencia del 26 de
octubre del 2009 dictada en grado de apelación por la Audiencia
Provincial de Madrid, habiendo comparecido como parte recurrente D.
Javier Vázquez Hernández en representación de Multiediciones
Universales S.L.
- HECHOS QUE PRUEBAN LA SENTENCIA
La
demanda del 26 de octubre de 2009 viene interpuesta por la toma de
unas fotografías no consentida en un lugar público. La parte
demandante acusa a la a parte demandada de intromisión a la vida
personal y familiar, así como a la propia imagen.
La
defensa alega una persecución incansable de los medios de
comunicación, más concretamente de la conocida como “prensa
rosa”, poniendo en duda los derechos fundamentales a los que todas
las personas tienen derecho por el mero hecho de existir: derecho a
la intimidad personal y familiar y derecho a la propia imagen.
El
objeto de la demanda, como se ha dicho antes es la publicación de
una serie de fotografías no consentidas en la revista española ¡Qué
me dices! Y los posteriores comentarios sobre las mismas en la
susodicha revista, además de la en cuatro de los suplementos del
diario La razón.
La
parte demandada se ampara en que las fotografías habían sido
tomadas en un lugar público y a un personaje famoso, por lo que se
recurre al art. 8.2 a) de la LO 1/1982 del 5 de mayo amparándose en
la excepción de que el derecho a la propia imagen no impedirá su
captación, reproducción o publicación por cualquier medio cuando
se trate de un cargo público, que ejerce una profesión de
notoriedad o proyección pública y la imagen se capte durante un
acto público o en un establecimiento de las mismas características.
En los
posteriores comentarios que acompañan a las imágenes no puede
decirse que estos revelen algún tipo de información de carácter
personal, aunque en algunos de estos comentarios pudiera haber cierta
duda de si hay o no una intromisión a la intimidad personal del
demandante. Aún así, el Ministerio Fiscal considera que los
comentarios difundidos no pueden considerarse en ningún caso
injuriosos o calumniosos.
- ARGUMENTACIÓN JURÍDICA
El caso
se ampara en los siguientes puntos jurídicos:
- Por una parte, la parte demandante hace hincapié en los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Española de 1978: el derecho a la intimidad personal y familiar y el derecho a la propia imagen. Según la acusación, estos derechos se violan al publicar unas imágenes sin consentimiento por el fotografiado.
- Por otro lado, la parte demandada se ampara en el art. 8.2 a) de la LO 1/1982 del 5 de mayo, ley en la que se establece que el derecho a la propia imagen no impedirá su captación, reproducción o publicación por cualquier medio cuando se trate de un cargo público, que ejerce una profesión de notoriedad o proyección pública y la imagen se capte durante un acto público o en un establecimiento público.
- COMENTARIO JURÍDICO
En el
caso que nos concierne, lo primero que hay que tener en cuenta es el
respeto que hay que tener siempre hacia las demás personas. Si nos
amparamos en la defensa de los derechos fundamentales, cabe destacar
que todas las personas tienen derecho a ellos sólo por el hecho de
existir, por lo cabe su defensa por encima de todo. Ser un personaje
público no exime a nadie de tener estos derechos, pero hace que su
cumplimiento se ponga a veces en entredicho. Lo que sí está claro
es que todos somos portadores de los derechos fundamentales, tanto
los citados con anterioridad como el derecho al honor, por lo que
todo el mundo ha de respetarlos sin tener en cuenta el rango social
de la persona afectada.
- COMENTARIO PERIODÍSTICO
En
cuanto al punto de vista periodístico, cabe ampararse en que las
fotografías estás tomadas en un lugar público, por lo que tomarlas
no es en sí un delito. Si nos amparamos en el art. 8.2 a) de la LO
1/1982 del 5 de mayo, y teniendo en cuenta que las fotografías han
sido tomadas a un personaje público en un lugar público, la demanda
en sí no tendría sentido. Por lo que cualquier privación de su
publicación conllevaría una privación del informador a la libertad
de información y a las demás personas se las privaría de la
capacidad de recibir información libremente. Hay que darse cuenta de
que estamos tratando con un personaje público, expuesto
continuamente a los comentarios y opiniones de las personas, por lo
que habría que tener en cuenta que ser famoso conlleva una serie de
consecuencias, y esta es una de ellas.
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