Mariel
Norat / Santiago de Compostela. 31 marzo de
2012
La
Pepa, así fue llamada a la constitución de Cádiz en 1812, la
tercera constitución en el mundo, querida y homenajeada, constituye
todavía hoy todo un precedente en la historia española. Sin
embargo, cuando nos referimos al otro nombre de mujer, la ley de la
Propiedad Intelectual, conocida como Sinde... esta no es tan
celebrada e incluso deja un cierto sabor amargo entre muchos de los
usuarios de internet.
La
nueva realidad tecnológica ha movido, variado los contextos sociales
a los que estábamos acostumbrados. La siempre polémica protección
intelectual necesita la aceptación de unas reglas de juego que gocen
del consenso de todos, sobre todo, en un marco de crisis económica
El
pasado mes de febrero, nos sorprendió una información en la
prensa, no por la noticia en sí, sino por quién la protagonizó “Un
edil de Ourense y responsable de la TV local de la ciudad de las
Burgas que pirateaba Canal +“, Gonzalo Pérez Jácome, fundador y
concejal de Democracia Ourensana, fue acusado por el fiscal de
incurrir en un delito contra la propiedad intelectual por emitir en
abierto a través de Auria TV la programación de pago que había
suscrito a nivel personal con la plataforma digital para uso
domestico. Estos hechos no son aislados, en septiembre de 2011, saltó
a la prensa que 91 empresarios de siete provincias españolas eran
acusados de delito contra la propiedad intelectual y fraude de las
telecomunicaciones al ofrecer en sus establecimientos una señal de
la cadena deportiva de pago GolTV destinada exclusivamente a los
hogares. Varias comunidades de vecinos en lo que va de año han sido
denunciadas por Canal + al disponer de la señal en el edificio
cuando solo se pagaba por una suscripción particular. Muchos de
estos casos, que ya tienen
resolución de los tribunales, sentencian la absolución cuando es
probado que no hay una pretensión de ánimo de lucro. Pero volviendo
al caso del miembro de la corporación orensana, es fácil entender
que a la sociedad civil se le puedan escapar ciertos detalles de las
leyes, pero el hecho de dedicarse a los medios de comunicación y ser
candidato electo, cuando menos, le pone en situación de difícil
defensa. Aunque, serán los jueces quien dictaminen su grado de
culpabilidad.
Algo
que en principio puede resultar de fácil entendimiento, que
trabajadores del mundo de la cultura necesitan que sus trabajos sean
retribuidos y no se vulneren con las nuevas tecnologías, está
resultando un tema muy controvertido, incluso dentro de los propios
sectores culturales. Álex de la Iglesia, guionista, productor y
director de cine, dejó su cargo de presidente de la Academia del
Cine en abril de 2011 por mostrarse contrario a la nueva ley,
considerando que no goza del consenso necesario de todos, sobre todo,
la del usuario, que es el destinatario final del producto cultural y
el que responde al estímulo y hace posible la existencia del mundo
de la creación. El escandalo Megauplaupload
vino
a crear más confusión en un escenario ya por sí complicado. La
rápida evolución tecnológica dejó grietas legales por donde se
colaron y se conformaron nuevas y lucrativas empresas que arrojaron
grandes beneficios en aras de los huecos legales existentes y basadas
en el trabajo intelectual de muchos que fueron ajenos a estos grandes
beneficios.
Para
retomar este tema desde el principio, empezaremos por decir que la
nueva realidad tecnológica ha variado los contextos sociales
tradicionales. La actualidad reclama regulaciones y tipificaciones
que permitan la convivencia en el marco de la sociedad del siglo XXI.
La
conocida ley Sinde, se corresponde con la disposición del 4 de marzo
del 2011 de Economía Sostenible (LES), esta ley no trata solo de
proteger la propiedad intelectual, sino también de dotar de
protección a ciertos sectores de la economía nacional, con el fin
de hacer frente a la difícil situación económica y financiera
actual. De este modo la LES quiere ser el impulsor del modelo que se
puso en marcha en el año 2004 y avanzar en la estrategia de
modernización, salvaguardando así, los derechos de propiedad
intelectual en la sociedad de la información. Para articular esta
ley La
Comisión de Propiedad Intelectual
se configura como un órgano colegiado de ámbito nacional creado en
el seno del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el cual
ejerce
las funciones de mediación y arbitraje que la legislación le
atribuye. Es un órgano administrativo que no forma parte de la
estructura orgánica del Ministerio.
Estados
Unidos, al igual que España también ha regulado la protección
intelectual con la ley
SOPA,
parecida a la LES,
es
mucho más estricta y específica. Pero no han podido hacerla
plenamente vigente ante la reticencia de los ciudadanos.
Esta
ley, LES, debiera estar en pleno vigor a partir de febrero de este
año, pero la Asociación de Internautas interpuso un recurso por la
vía contencioso-administrativa, con el fin de impugnar el mencionado
reglamento y solicitar su suspensión. Dicho recurso fue admitido a
trámite por el Tribunal Supremo el 8 de febrero de
2012
En una entrevista que
me fue concedida por Ramón García Rei.
Componente
del grupo musical Milladoiro (Rúas magazine. Abril
de 2011). El Músico, hacía una reflexión en cuanto a la propiedad
intelectual e internet, ligando esta a la propiedad industrial,
manifestó lo siguiente “se buscamos en internet unha firma de moda
de prestixio vainos a aparecer unhas cantas. Calquera delas amosa
seus novos deseños etc, pero esto, non quere decir que nós podamos
entrar, collelos e levalos físicamente para a nosa casa, de ser
así, non habería empresa, non habería cartos para facer frente os
gastos de salarios, maquinaria etc. Internet é como unha gran
fiestra con tenda incluida, e nós non podemos entrar e coller o que
nos pete sin pasar antes pola caixa. Os traballadores que fixeron ese
producto teñen todo o dereito a que se lles pague o seu esforzo”.
Bibliografía
y Fuentes
Entrevista:Ramón García Rei.
Componente del grupo musical
Milladoiro
